De los 91,400 detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador, 30,000 son inocentes, denunció la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar Campos, al periódico mexicano La Jornada.

Escobar va más allá y afirma que más de dos mil presos «han muerto violentamente porque se les ha negado el derecho a la salud», de los cuales se ha podido documentar 514 casos y el 31 por ciento de ellos «reflejan muerte violenta».

La dirigente de la organización humanitaria habló con la jornada en México, donde se encuentra asilada tras ser víctima de persecución, según denunció en su momento.

El régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, consiste en la suspensión de derechos constitucionales y judiciales de los salvadoreños con el propósito de perseguir a las pandillas, pero organismos de derechos humanos han denunciado que hay miles de detenidos que no tienen nada que ver con el crimen organizado y fueron víctimas de detenciones arbitrarias.

Escobar recordó que el mismo gobierno salvadoreño ha tenido que admitir que liberó a ocho mil detenidos porque no tenían relación con pandillas.

La dirigente humanitaria participó en San Cristóbal de Las Casas en un conversatorio titulado Crisis de derechos humanos en El Salvador.

Según La Jornada, Escobar sostuvo que “El Salvador ha entrado en graves violaciones a las garantías individuales, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Añadió que “también son acusados por crímenes de lesa humanidad los agentes del Estado porque actualmente asesina en el sistema carcelario, desaparece de manera forzada, apoya el traslado de personas de otras poblaciones o de otros países en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), hay trabajo forzado y torturas en los centros penales”.

La defensora de derechos humanos afirmó que ante las presiones internacionales, representantes del gobierno han revelado “que hay un comité paralelo que trabaja de la mano con la institucionalidad, llámese Ministerio Público, Fiscalía, defensores de derechos -entiendo que los juzgados competentes-, para revisar casos de presos, y uno se pregunta: ¿cuáles son los criterios?, ¿cuál es el decreto que ampara a ese grupo para determinar quién es inocente y quién no?”.

Sostuvo que ese grupo “es ilegal, inconstitucional, anti correccional e injusto y lo peor es que está funcionando… ¿por qué no todas las organizaciones son convocadas? ¿Por qué a Socorro Jurídico no nos llama si tenemos 3 mil 600 casos? Es una cosa a la zumba marumba como decimos en nuestro país, sin nada de planeación. Nuestro país es gobernado no por un plan sino por ocurrencias de una familia”.

“Yo salí exiliada en junio de 2025, pero voy a seguir denunciando las violaciones derechos humanos y las injusticias que se están cometiendo”, como el encarcelamiento de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, presa por denunciar actos de presunta corrupción en el gobierno de Bukele, bajo la acusación de peculado.

Luis Rodríguez Castillo, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo durante el conversatorio que “el estado de excepción impuesto en El Salvador se ha convertido, sumando las muertes materiales y simbólicas y los exilios, en una de las guerras más calientes para El Salvador, según el juego de las cifras que vemos en diferentes informes”.