La tasa de presos en El Salvador se situó en 1,963 reos por cada 100,000 habitantes al cierre de 2025, y se registró un hacinamiento carcelario de un 261%, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) compartido este lunes a EFE.

El informe estima que, hasta diciembre de 2025, había 118,369 personas recluidas en las diferentes cárceles del país centroamericano, cuyo sistema penal fue diseñado con una capacidad de 30,864 personas.

Del total de personas encarceladas, 103.837 se encuentran en las cárceles comunes del país, mientras que 14,532 personas están recluidas en la megacárcel de alta seguridad Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha contra las pandillas del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La ocupación en el Cecot equivale a un 36 % de su capacidad nominal de 40,000 presos, según el informe del Idhuca.

También, señaló que el hacinamiento global estimado (118,369), considerando la capacidad tradicional (30.837), más el uso parcial del Cecot (14.532), alcanzó un porcentaje de un 261 %, lo que «significa que la población penitenciaria equivalía a 2,6 veces la capacidad efectiva considerada».

El Idhuca también señala que «aun si el Cecot estuviera ocupado en su totalidad, el hacinamiento seguiría siendo de aproximadamente 167 %», lo que muestra que «el problema no es coyuntural, ni se resuelve únicamente con infraestructura penitenciaria».

El Instituto, de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), afirmó que «el hacinamiento funciona como factor multiplicador de vulneraciones a derechos» y «se vincula con riesgos para habitabilidad, higiene, salud, alimentación, seguridad, trato digno, integridad física y psíquica, así como con muertes por falta de atención médica o condiciones incompatibles con la dignidad humana».

En cuatro años de vigencia, el régimen de excepción ha dejado a más de 92,300 personas detenidas señaladas de ser pandilleros o colaboradores de estas estructuras.

Este régimen excepcional fue aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado.

Organizaciones no gubernamentales alertaron en marzo de 2025 que El Salvador tenía la tasa de presos «más alta del mundo», con 1,824 reos por cada 100,000 habitantes, en ese momento.