El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana emitió fallo condenatorio contra 136 imputados que fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en múltiples homicidios, algunos de ellos con “lujo de barbarie”, de acuerdo a un informe de Centros Judiciales.
De las personas condenadas, 111 estuvieron presentes durante el proceso judicial y el resto fue declarado en rebeldía por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.
Las penas
Cristian Geovanny Alvarado Echeverría (a) Troyer, y Hugo Enrique Medina Mena (a) Bandido fueron quienes recibieron las penas más altas: 150 años de prisión.
Las investigaciones de las autoridades los identificaron como miembros activos con rango de “homeboy” dentro de la estructura criminal.
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“De acuerdo con las investigaciones, ambos participaron en varios homicidios, incluyendo el de una menor de 12 años ocurrido en junio de 2014 en una zona rural de El Congo (Santa Ana). La víctima fue llevada bajo engaños y posteriormente asesinada con arma blanca debido a sospechas de brindar información a las autoridades policiales”, consignó el informe judicial.
Mientras que David Ernesto López Linares (a) Chucho fue condenado a 90 años de prisión tras comprobarse su participación en un doble homicidio registrado en diciembre de 2015 en las cercanías de la colonia Las Brisas, en El Congo.
Las víctimas fueron asesinadas con machetes porque los ahora condenados sospechaban que pertenecían a una estructura rival.
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“El tribunal también impuso condenas de 45 años de prisión a cuatro palabreros y a cuatro encargados de cantón, mientras que cerca de un centenar de miembros con rango de homeboy recibieron penas de 30 años de cárcel. Además, 18 colaboradores fueron condenados a 20 años de prisión”, señaló Centros Judiciales.
Las autoridades atribuyeron participación directa en al menos seis casos de homicidio agravado a varios de los ahora condenados.
Además establecieron que los procesados pertenecen a la tribu Santa Ana de la pandilla 18 Sureños, que operó desde el año 2012 hasta 2023 en zonas urbanas y rurales de los distritos de El Congo y Coatepeque.