Nuevamente, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas y sus aliados aprobó otra prolongación al decreto del régimen de excepción, el cual suspende algunas garantías constitucionales, como el derecho de defensa técnica. El régimen se acerca a cumplir cuatro años de implementarse.

La prórroga anterior finaliza el 30 de enero de 2026, por lo que el nuevo plazo de 30 días es del 31 de enero al 1 de marzo de 2026.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió la modificación de agenda de la sesión plenaria de este jueves para que se aprobara la prórroga por medio de dispensa de trámites.

«Esto sabemos que ha sido un éxito de seguridad», alegó.

Habló de la reducción de homicidios y de delitos el año pasado. También recordó que se reformó el Código Penal para aumentar las penas a los delitos comunes de robo, hurto y estafa. Y criticó a la oposición por no votar por el régimen.

Por su parte, Cesia Rivas, de Vamos, enfatizó que el país merece una seguridad «sin margen de error», en el sentido de personas inocentes detenidas y fallecidas.

«Lo que reina es la inseguridad jurídica», dijo Rivas.

Recordó que en el marco del régimen de excepción también se ha declarado bajo reserva de la información sobre las cárceles. Y reprochó que no hay efectividad en la búsqueda de personas desaparecidas.

Previamente, la diputada Rivas propuso una Ley de búsqueda de personas desaparecidas y que pasara a estudio de la comisión respectiva; pero no obtuvo los votos para que se agregara al listado de iniciativas.

En la correspondencia enviada, el Gabinete de Seguridad aseguró que con las estrategias implementadas se ha desarticulado grupos armados, debilitado el accionar delictivo, lo que ha permitido la reducción significativa de la amenaza de grupos delincuenciales. Afirma que se han evitado ataques a elementos policiales.

También sostiene la colaboración con Estados Unidos para la deportación de líderes de pandillas al país. Se han detenido 90,844 personas durante el régimen.

Pero insiste en que persiste el intento de reorganización de las pandillas y que por eso es «indispensable» continuar con las medidas extraordinarias.

Aunque el gobierno tiene control interno de las pandillas, menciona el aspecto regional, como el ataque ocurrido recientemente en Guatemala, «y pone en riesgo la pez, el orden y la seguridad alcanzada en nuestro país»; con lo que busca justificar que se mantenga el régimen de excepción.

Muertes bajo custodia del Estado

La organización Socorro Jurídico Humanitario consigna en su informe de muertes en prisiones en El Salvador durante el régimen de excepción, desde 2022 hasta 2025, que aproximadamente 1,300 detenidos han fallecido en los diversos Centros Penitenciarios, de los cuales se tiene un registro informal de 470.

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De acuerdo a la información procesada, aproximadamente el 32% fueron muertes violentas, «en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de «homicidio”, ya que la PNC-FGR-IML a pesar que muchos de los cuerpos presentaban señales de violencia les colocaron el supuesto delito “SOBREAVERIGUAR MUERTE” (para no ser contabilizados como homicidio y no ser investigados como tal, buscando encubrir a los autores)», dice.

Mientras que el Instituto de Medicina Legal coloca como causa preliminar de muerte “edema pulmonar”. «En muchos casos, los cuerpos fueron entregados en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; y en algunos casos mandaban Policías o Militares a los velorios, con el fin de intimidar a los parientes», indicó la organización.