El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado B de San Miguel determinó una condena de 70 años de prisión a un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras encontrarlo culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico y actividades criminales de la estructura.
El condenado fue identificado como Jefferson Jonathan Orellana Valladares, quien recibió la pena más alta del proceso por los delitos de tráfico ilícito agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Junto a Orellana Valladares, el tribunal declaró culpables a otros 13 pandilleros vinculados a la misma estructura criminal, por hechos cometidos entre marzo de 2022 y agosto de 2023 en distintos puntos de la zona oriental del país.
Condenas de hasta 50 años de prisión
Entre los sentenciados figuran Adonys Ezequiel Villanueva Martínez, Alexis Osmar Ramos Cruz, Juan Francisco Gallegos Ventura, Mauricio Antonio Rodas Rivera y Douglas Geovanni Colindres Iraheta, este último declarado en rebeldía, quienes recibieron condenas de 50 años de cárcel.
De acuerdo con la resolución judicial, el resto de los imputados fue condenado a penas que oscilan entre los 20 y 40 años de prisión, dependiendo de su grado de participación y de los delitos atribuidos durante el proceso.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron establecer que los integrantes de la estructura criminal se dedicaban al tráfico de droga en sectores de la carretera Longitudinal del Norte.
Las investigaciones determinaron que las operaciones ilícitas se desarrollaban entre el distrito de Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel, y Sensuntepeque, en Cabañas, zonas donde la pandilla mantenía actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes.
Tribunal validó pruebas presentadas
Según el fallo, las evidencias incorporadas durante la vista pública permitieron demostrar la participación de los acusados en diversos delitos atribuidos a la MS-13, lo que derivó en las condenas impuestas por el tribunal especializado.
Con esta sentencia, las autoridades judiciales dan por concluido uno de los procesos relacionados con las operaciones de estructuras criminales en la zona oriental del país.
