La administración de Donald Trump vuelve a endurecer las normativas migratorias, en este caso, para conseguir la «Green Card», o tarjeta de residencia y trabajo. Si antes ya era difícil, ahora lo es más, porque los funcionarios de migración tendrán más margen para valorar si un solicitante de residencia cumple el perfil de un ciudadano que en un futuro podría depender de ayudas públicas.

La medida afecta a miles de migrantes latinos que dependen de programas como Medicaid, ayudas alimentarias o ayudas a la vivienda y que, para el gobierno, pueden convertirse en «carga pública».

El temor para muchos latinos pendientes de este documento ya está provocando cambios de comportamiento. Organizaciones y abogados están detectando que algunas familias se plantean dejar de solicitar ayudas, a las que tienen derecho, por miedo a que puedan perjudicar su futuro migratorio.

“Mucha gente está previniendo que les afecte y se están tratando de limitar en cualquier beneficio que podría ser considerado público. [Hay] gente que prefiere no llevar a su hijo al doctor, gente que prefiere no pedir algún beneficio y mejor pasar hambre…”, indica el abogado de inmigración Jaime Barrón.

La nueva regla ya ha sido impugnada en los tribunales por varios estados y gobiernos locales. Mientras tanto, miles de migrantes en Estados Unidos viven con incertidumbre sobre cómo afectará este nuevo cambio en su situación. 

El concepto de carga pública

“Para poder legalizarse en Estados Unidos u obtener la residencia permanente, uno de los elementos es que uno no sea una carga para el gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que le llaman una carga pública es una definición muy compleja, basada en políticas a veces conservadoras y a veces liberales”, explica a RFI el abogado Barrón.

“El presidente Trump, en su primer mandato, trató de limitar estampillas, asistencia para los hijos, cierta ayuda de hospitales, etc., pero las cortes le anularon esa interpretación. Ahora, nuevamente tenemos al presidente Trump en el poder, por lo cual están volviendo a ser ultra conservadores”, agrega.

La medida recupera y amplía el concepto de “carga pública”. Un criterio que permite a las autoridades estadounidenses negar la admisión al país o la residencia cuando consideran que una persona podría convertirse en una carga pública para el sistema. Con esta nueva política de Green Card el sistema se endurece, aunque no afecta a todos los migrantes por igual.

“Lo que agregó el gobierno actual es que, si el oficial cree que, en el presente, pasado o en el futuro le podrían pedir algún beneficio público, se reservan el derecho a negar la residencia. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de un crimen que se llama la Visa U, alguien que es un asilado político, alguien que sometió su papelería de residencia antes del 18 de septiembre. Y hay algunas otras excepciones, pero esas son las más grandes”, detalla el abogado.