Juez federal de Alabama ordena frenar redadas de ICE sin orden judicial
La medida también alcanza a la Patrulla Fronteriza y ordena liberar a trabajadores que demuestren su estatus legal con documentos como una REAL ID. El fallo surge de una demanda presentada por un ciudadano estadounidense que fue detenido tres veces durante operativos migratorios
Agentes federales permanecen cerca de la cinta policial mientras manifestantes se congregan cerca del lugar donde, según las autoridades estatales y locales, un hombre fue baleado por agentes federales la madrugada del 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el sábado que los agentes federales desplegados en Minneapolis como parte de una amplia operación contra la inmigración habían perpetrado "otro tiroteo horrible", menos de tres semanas después del asesinato de Renee Good. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Un juez federal de Alabama ordenó este lunes 21 de septiembre suspender determinadas prácticas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza durante operativos en obras de construcción, incluyendo las redadas realizadas sin una orden judicial.
La resolución fue emitida por el juez federal Jeffrey U. Beaverstock, de la Corte del Distrito Sur de Alabama, en respuesta a una demanda colectiva presentada después de las reiteradas detenciones de Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense de origen mexicano que trabaja en la construcción.
La información fue reportada inicialmente por N+ Univision, que señaló que la orden también exige que los agentes dejen de detener a personas que presenten una identificación válida que demuestre su estatus legal.
La medida, sin embargo, es preliminar y temporal mientras continúa el proceso judicial. No significa que ICE o la Patrulla Fronteriza tengan prohibido realizar cualquier operativo migratorio en Alabama.
Tres prácticas quedan suspendidas
El fallo establece límites sobre tres políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que fueron cuestionadas en la demanda.
La primera es la denominada política de entrada sin orden judicial, que permitía a los agentes ingresar a áreas privadas de obras de construcción sin contar con una orden judicial o con el consentimiento del propietario.
La segunda corresponde a la detención preventiva, mediante la cual los agentes podían detener a trabajadores sin contar, según la demanda, con una sospecha razonable de que una persona específica se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.
La tercera es la política de detención continuada, que permitía mantener retenidos a trabajadores incluso después de que presentaran documentos que acreditaran su ciudadanía o su presencia legal en el país.
El Instituto para la Justicia, organización que representa a García Venegas, informó que el juez ordenó detener estas prácticas mientras continúa el litigio.
El caso de Leonardo García Venegas
La resolución tiene su origen en la experiencia de García Venegas, quien vive y trabaja en el condado de Baldwin, en el sur de Alabama.
El hombre nació en Estados Unidos en 1999 y es ciudadano estadounidense. Su familia es de origen mexicano y posteriormente se trasladó a Alabama, donde él comenzó a trabajar en el sector de la construcción.
Según la demanda presentada contra funcionarios del gobierno federal, García Venegas fue detenido tres veces desde 2025, pese a que llevaba consigo una identificación REAL ID emitida por el estado de Alabama.
Los primeros dos incidentes ocurrieron en mayo y junio de 2025, cuando agentes de inmigración ingresaron a obras privadas donde García Venegas se encontraba trabajando.
En una de esas operaciones, ocurrida en Foley, Alabama, el trabajador comenzó a grabar el operativo mientras los agentes detenían a otros trabajadores latinos. Los agentes terminaron reduciéndolo y esposándolo, pese a que él les aseguró que era ciudadano estadounidense y les mostró su identificación.
La demanda sostiene que los agentes llegaron a cuestionar la autenticidad de su REAL ID antes de confirmar su ciudadanía.
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Una tercera detención
La situación volvió a ocurrir en mayo de 2026, cuando agentes federales siguieron a García Venegas hasta su vivienda.
De acuerdo con documentos presentados ante la corte, los agentes lo confrontaron mientras se encontraba en su vehículo. Aunque intentó mostrar nuevamente su REAL ID, fue sacado del automóvil, derribado, esposado y colocado en un vehículo policial.
El Instituto para la Justicia sostiene que esta fue la tercera ocasión en menos de un año en que García Venegas fue detenido por agentes migratorios pese a ser ciudadano estadounidense.
El caso llegó a los tribunales después de que el trabajador demandara al gobierno federal y cuestionara las políticas que, según sus abogados, permitían a los agentes realizar este tipo de operaciones.
¿Qué es una REAL ID?
La REAL ID es una identificación emitida por los estados que cumple con estándares federales de seguridad establecidos por la ley estadounidense.
En Alabama, las autoridades estatales establecen requisitos relacionados con el estatus migratorio para la emisión de determinados documentos de identificación. García Venegas utilizaba una identificación de este tipo para demostrar su situación legal.
Según la demanda, en los incidentes que dieron origen al caso los agentes cuestionaron la validez de su documento incluso después de que él lo presentó.
La nueva orden judicial establece que los agentes deberán liberar a trabajadores que presenten evidencia de ciudadanía o presencia legal, como una REAL ID, bajo los términos establecidos por la resolución.
La demanda comenzó en 2025
García Venegas presentó la demanda federal en septiembre de 2025 contra funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos, Tom Homan.
Sus abogados argumentaron que las prácticas utilizadas por los agentes violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece protecciones frente a registros y detenciones irrazonables.
La demanda sostiene que agentes federales ingresaban a zonas privadas de obras de construcción sin órdenes judiciales y detenían a trabajadores basándose en una sospecha general sobre su posible situación migratoria.
En septiembre de este año, el juez Beaverstock rechazó un intento del gobierno de desestimar el caso, permitiendo que el proceso continuara. La decisión de este lunes representa ahora un nuevo paso en el litigio.
La orden no elimina las facultades migratorias
La decisión judicial no significa que ICE haya perdido sus facultades para detener a personas que violen las leyes migratorias.
Lo que hace la orden es suspender temporalmente determinadas prácticas concretas que están siendo cuestionadas en el proceso judicial.
En particular, los agentes quedan impedidos de ingresar a determinadas áreas privadas de obras de construcción sin una orden judicial o consentimiento, realizar detenciones indiscriminadas sin una sospecha individualizada y mantener detenidas a personas después de que presenten pruebas de ciudadanía o presencia legal, según los términos de la orden.
El caso continuará en la Corte del Distrito Sur de Alabama y ha generado atención debido a que los operativos que dieron origen a la demanda involucraron principalmente a trabajadores latinos de la construcción.
En uno de los episodios relatados en la demanda, García Venegas aseguró que los agentes pasaron junto a trabajadores blancos y negros antes de dirigirse hacia trabajadores latinos. Sus abogados argumentan que las prácticas cuestionadas permitían detener personas basándose en características generales y no en una sospecha individual.
Esos señalamientos forman parte de los argumentos de la demanda y deberán continuar siendo examinados durante el proceso judicial.
El mensaje de García Venegas
Tras conocerse la resolución, García Venegas dijo, a través del Instituto para la Justicia, que por primera vez en mucho tiempo podrá acudir a trabajar sin el temor de ser detenido sin motivo.
La organización que lo representa calificó la decisión como un paso importante en su demanda contra las prácticas del DHS.
Por ahora, la orden tiene carácter preliminar. El litigio continuará y los tribunales deberán resolver en etapas posteriores los argumentos de García Venegas y la respuesta del gobierno federal.
La decisión de Alabama se conoce en un momento en que las operaciones migratorias de la administración estadounidense han generado numerosos litigios sobre los límites de las facultades de los agentes federales y las garantías constitucionales de las personas detenidas.
