Ministerio de Trabajo da ultimátum a alcaldía y advierte acciones penales por impago de salarios
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, señaló que la comuna ha vulnerado de forma continua los derechos laborales y advirtió que el incumplimiento del plazo no solo acarreará sanciones administrativas, sino también procesos en instancias penales
Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Foto EDH/Cortesía Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) fijó el próximo 16 de noviembre como fecha límite para que la alcaldía de Usulután Norte cancele los salarios correspondientes al mes de octubre a los empleados administrativos que continúan sin recibir su remuneración.
La medida responde a las denuncias interpuestas por trabajadores municipales ante los constantes atrasos salariales y el esquema de pagos escalonados implementado por la comuna.
Durante una audiencia de mediación sostenida con delegados municipales, inspectores de la cartera de Estado advirtieron sobre las sanciones legales en caso de desacato. A la diligencia no asistió la alcaldesa Luz María Torres.
Advierten proceso penal y aplicación estricta de la ley
Tras el encuentro, el titular de Trabajo, Rolando Castro, brindó su postura contra la administración municipal y aseguró que la falta de pago constituye una violación grave que trasciende el ámbito administrativo.
«La Alcaldía de Usulután Norte de forma permanente y continua ha vulnerado estos derechos. Estas faltas administrativas también son delitos penales y todos los empleadores, sean públicos o privados, deben tenerlo claro. Hemos otorgado un plazo; si no lo cumplen, procederemos incluso de forma penal», sentenció el funcionario.
Castro detalló que giró instrucciones a todas las jefaturas departamentales del Ministerio para que actúen como garantes del cumplimiento en el pago de salarios, retenciones legales y prestaciones laborales en todo el territorio.
Mensaje a todas las municipalidades
El ministro subrayó que el caso de Usulután Norte servirá como precedente para el resto de gobiernos locales y empleadores del país, asegurando que la fiscalización se aplicará sin distinción partidaria.
«Estas acciones deben ser ejemplo para todos los empleadores y todos los alcaldes o alcaldesas del país, indistintamente de su credo o ideología política. La aplicación de la ley debe ser pareja y nosotros denunciaremos en las instancias competentes a quienes vulneren estos derechos», concluyó Castro.
Los salarios de los trabajadores, las retenciones legales y sus prestaciones, deben estar garantizados.
El día de ayer hemos instruido a todas nuestras jefaturas departamentales que deben ser garantes de esto.
