El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Persona Migrante, una fecha en la que el experto César Ríos, director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), recuerda la importancia de que existia el compromiso de abrir caminos legales, proteger a quien busca refugio, perseguir a los abusadores y no a las víctimas, y reconocer que la movilidad humana seguirá existiendo. 

Al hacer un análisis sobre el contexto que envuelve el tema migratorio en Estados Unidos y el alcance que las políticas del presidente Donald Trump tienen sobre la comunidad migrante, señala:  “La pregunta no debería ser si habrá migración. La pregunta es si habrá humanidad”.

De enero a noviembre de 2025, El Salvador ha recibido 10,025 compatriotas deportados, según datos dados a conocer por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, en una entrevista televisiva. Además, se han recibido 145 vuelos federales desde Estados Unidos, al mismo periodo, 119 de estos sólo hasta el mes de agosto. 

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En tanto, alrededor de 200 mil salvadoreños están amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), y según el Censo poblacional 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), 159,415 hogares, que representan el 8.3% del total de la población en El Salvador, tienen al menos un miembro de la familia que ha emigrado a otro país en los últimos cinco años. 

Por su parte, Celia Medrano, consultora y experta en movilidad humana y derechos humanos, estima que cerca de 3 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, de estos aproximadamente 1.2 millones son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, mientras que el resto nació en El Salvador y lleva años asentado en ese país.

Para los expertos, las políticas migratorias de Estados Unidos han recrudecido el panorama para millones de personas migrantes, quienes enfrentan un escenario cada vez más adverso marcado por detenciones, restricciones legales y las deportaciones que no siempre quedan registradas de forma oficial. 

A su juicio las medidas impulsadas desde el retorno del presidente Donald Trump han dejado de enfocarse únicamente en personas vinculadas a delitos, como se anunció inicialmente, y hoy afectan de manera indiscriminada a solicitantes de asilo, beneficiarios de estatus temporal e incluso ciudadanos estadounidenses de origen migrante. 

El 6 de diciembre pasado, el Gobierno de Trump redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de migrantes, incluyendo a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

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Medida deja a salvadoreños en un “limbo legal y laboral”
Para Medrano, esta medida ha dejado a muchos en un limbo legal y laboral, “incrementando la precariedad de sus condiciones de vida”. 

En el tema de deportados, la entrevistada opina que aunque las cifras oficiales muestran una disminución en las deportaciones directas de salvadoreños hacia El Salvador, «esto no refleja la realidad completa».

«Muchos connacionales están siendo expulsados hacia México o Guatemala bajo acuerdos de “tercer país seguro”, o bien optan por la autodeportación mediante vuelos comerciales, lo que también genera un subregistro oficial de estos retornos», añade. 

Agrega: «Este fenómeno, conocido como ‘flujo inverso’, mantiene a cientos de personas estancadas en países de Centroamérica, sin regresar a su lugar de origen ni poder continuar su ruta migratoria».  

Para los expertos, quienes retornan a El Salvador, de manera forzada o voluntaria, se encuentran con un país que no siempre ofrece condiciones de arraigo, empleo o reintegración social. 

El desempleo, el estigma comunitario y la falta de políticas públicas específicas agravan su situación, añaden. 

Para Ríos, la autodeportación demuestra que la movilidad humana ha cambiado de forma aunque no de esencia.

“El país enfrenta menos salida, más retorno, dependencia de remesas, presión sobre los jóvenes y causas estructurales sin resolver”, opina. 

Agrega que el reto para el 2026 es convertir la movilidad humana en una política de Estado que involucre la migración laboral ordenada, el fortalecimiento municipal, la reintegración económica, resiliencia social y empleo digno.

“El desafío es doble. Primero, recuperar la idea básica de protección: que quien huye de un riesgo grave tenga la opción de pedir asilo, con un proceso justo, sin trato cruel y sin discriminación. Segundo, ordenar la migración laboral con reglas claras y humanas: contratos transparentes, supervisión de empleadores, y protección de derechos en el trabajo”, expone el experto.

A su juicio, esta fecha conmemorativa debe marcar el momento para dejar de hablar de la persona migrante como si fuera un problema: “Hablemos de derechos, de trabajo digno y de responsabilidad compartida. El mundo no puede negar la contribución de la mano de obra migrante al desarrollo. Lo que sí puede —y debe— cambiar es la forma en que trata a quienes sostienen silenciosamente parte de su vida cotidiana”.  

Asimismo, instan a los migrantes salvadoreños a no desistir de los mecanismos legales aún vigentes en Estados Unidos y a mantenerse informados, ante una batalla jurídica que continúa desarrollándose entre el poder ejecutivo y los tribunales federales estadounidenses frente al uso de normativas excepcionales contra la migración.