David Rodríguez, de Bases Magisteriales, habló sobre la situación de despidos y presión laboral; pide respeto a la ley y mejores condiciones para evitar efectos en estudiantes
David Rodríguez, de Bases Magisteriales, habló sobre la situación de despidos y presión laboral; pide respeto a la ley y mejores condiciones para evitar efectos en estudiantes

El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, advirtió sobre un deterioro progresivo en las condiciones laborales del magisterio salvadoreño y su impacto directo en la calidad de la educación, durante una entrevista concedida a la radio YSUCA el martes 5 de mayo.
Durante el espacio, el dirigente expuso que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la incertidumbre en la estabilidad laboral, pese a que —según recordó— la Ley de la Carrera Docente establece garantías claras sobre la permanencia en el cargo. Señaló que en los últimos años se han incrementado prácticas como suspensiones y despidos que, a su juicio, no siempre siguen el debido proceso, lo que genera temor entre los educadores.
Durante el espacio, el dirigente expuso que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la incertidumbre en la estabilidad laboral, pese a que —según recordó— la Ley de la Carrera Docente establece garantías claras sobre la permanencia en el cargo. Señaló que en los últimos años se han incrementado prácticas como suspensiones y despidos que, a su juicio, no siempre siguen el debido proceso, ya que en algunos casos se aplican medidas inmediatas sin agotar los mecanismos establecidos por la normativa, como la investigación previa, el derecho a defensa o la intervención de las instancias correspondientes de la carrera docente.
De acuerdo con lo planteado por David Rodríguez en YSUCA, también se han reportado situaciones en las que docentes son separados de sus cargos o trasladados bajo argumentos administrativos, mientras que sus plazas son ocupadas rápidamente por otros, lo que —según indicó— reflejaría que no se trata de supresiones formales, sino de desvinculaciones que deberían seguir otro procedimiento legal.
Asimismo, advirtió sobre el uso de figuras como la “suspensión previa” fuera de los casos estrictamente contemplados en la ley, lo que genera un ambiente de inseguridad jurídica dentro del magisterio. Esta situación, afirmó, provoca temor entre los educadores, quienes en muchos casos optan por no denunciar o cuestionar decisiones por miedo a represalias o a perder su empleo, incluso cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.
Rodríguez sostuvo que este clima de presión termina afectando no solo al docente, sino también al proceso educativo, ya que limita la participación, el diálogo y la estabilidad necesaria para desarrollar con normalidad la labor pedagógica.
A esta situación se suma una sobrecarga laboral creciente, con convocatorias fuera de horario, jornadas extendidas e incluso actividades en fines de semana bajo presión administrativa. Rodríguez afirmó que estas dinámicas están provocando agotamiento físico y emocional en el personal docente, lo cual termina incidiendo en el desempeño dentro del aula. “No somos robots”, expresó, al describir la realidad que enfrentan muchos maestros.
El representante sindical también destacó las limitaciones económicas y materiales en los centros educativos, indicando que el presupuesto asignado resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas como limpieza, mantenimiento y materiales didácticos. Según relató, en muchos casos los docentes deben asumir gastos de su propio bolsillo para garantizar el desarrollo de las clases.
En materia de salud, señaló deficiencias en la atención del sistema de bienestar magisterial, lo que —sumado al desgaste laboral— impacta en la calidad de vida de los educadores. Asimismo, mencionó que existen docentes que deben desplazarse largas distancias o permanecer en comunidades rurales en condiciones complejas para cumplir con su labor.
Rodríguez también cuestionó la implementación de iniciativas como la reconstrucción de centros escolares, al considerar que, si bien son necesarias, no se ha acompañado adecuadamente el proceso educativo durante las obras. Indicó que en algunos casos los estudiantes han reducido su asistencia presencial o enfrentan dificultades para continuar sus clases, especialmente en zonas con limitado acceso a tecnología.
Otro de los puntos señalados fue la carga administrativa y burocrática, que —según dijo— ha aumentado significativamente, restando tiempo a la enseñanza. A esto se suman cambios en el sistema educativo, como la reorganización de asignaturas y ajustes en los tiempos de clase, que podrían afectar el aprendizaje integral de los estudiantes.
El dirigente también hizo referencia a denuncias de despidos recientes y al debilitamiento de instancias encargadas de velar por la carrera docente, lo que, a su juicio, limita los mecanismos de defensa del magisterio. En ese sentido, llamó a los docentes afectados a buscar apoyo y hacer visibles sus casos.
Finalmente, Rodríguez instó a las autoridades a retomar el diálogo con el sector, respetar la normativa vigente y generar condiciones dignas de trabajo, subrayando que el fortalecimiento del sistema educativo pasa necesariamente por garantizar estabilidad, recursos y bienestar a los docentes.
Advirtió que, de no atenderse estas problemáticas, el país podría enfrentar un deterioro sostenido en la formación de los estudiantes, con repercusiones a largo plazo en el desarrollo social.}
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