Momento en que el imputado es escoltado por agentes durante el proceso judicial en San Miguel. Foto Centro Judiciales
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó, el 22 de abril, al ex comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, y a su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, por el delito de cohecho impropio, tras establecer que solicitaron y recibieron más de 200,000 dólares de empresarios en San Miguel mediante presiones, engaños y uso de sus cargos a cambio de supuestas influencias en licitaciones públicas y contactos políticos durante la gestión gubernamental.
De acuerdo con la sentencia, Flores Sandoval fue condenado a cuatro años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público como pena accesoria. Por su parte, Quintanilla Rosales recibió una condena de dos años de prisión, la cual fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública.
El tribunal determinó que los pagos realizados por las víctimas fueron obtenidos bajo condiciones de presión, engaño y abuso de poder, descartando que se tratara de aportes voluntarios. Ambos imputados fueron absueltos de responsabilidad civil luego de haber reparado económicamente a las víctimas.
La resolución judicial se basó en la valoración de pruebas y testimonios que evidenciaron el uso del cargo público para solicitar dinero a cambio de beneficios no concretados, lo que configuró el delito de cohecho impropio.
#JusticiaSV ⚖️| Tribunal dicta condena a ex comisionado presidencial y su asistente por cohecho impropio
—Ambos fueron absueltos de responsabilidad civil, tras haber reparado a las víctimas.
Cristian Herson Flores Sandoval, ex comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos,… pic.twitter.com/BbojQFCGAX
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) April 22, 2026
Entregas de dinero y promesas sin sustento
Uno de los hechos documentados ocurrió en diciembre de 2021, cuando una víctima bajo régimen de protección entregó 50,000 dólares en efectivo directamente a Quintanilla Rosales. Según el proceso, el dinero fue solicitado por el excomisionado con el argumento de asegurar la participación en proyectos relacionados con escuelas, el aeropuerto de La Unión y el puerto de Acajutla, sin detallar iniciativas específicas.
Otro testigo declaró haber entregado montos adicionales de $123,170, $25,000 y $29,567.58 entre agosto y noviembre de 2021. En su testimonio, indicó que estos pagos eran solicitados bajo la promesa de influencias políticas.
De acuerdo con lo expuesto en el juicio, los aportes eran presentados como honorarios por supuestas consultorías, aunque no se establecieron servicios concretos vinculados a dichos pagos.
El tribunal concluyó que estos hechos reflejaban un mecanismo en el que se utilizaba la posición institucional para gestionar pagos bajo condiciones que afectaban la voluntad de los empresarios involucrados.
Flores Sandoval ocupó el cargo de subcomisionado presidencial desde septiembre de 2020 y posteriormente se desempeñó como comisionado de Proyectos Estratégicos hasta 2024. Antes de asumir esas funciones, había sido precandidato a alcalde de San Miguel por el partido Nuevas Ideas.
Fue capturado en abril de 2024 y sometido a un proceso judicial en el que se analizaron diversas pruebas documentales y testimoniales. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas por parte de los condenados ni de sus representantes legales tras conocerse la sentencia.
El fallo puede ser apelado ante instancias superiores, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
La sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel se fundamenta en las pruebas presentadas durante el proceso y en la determinación de que los fondos fueron obtenidos mediante el aprovechamiento del cargo público. Este caso se suma a resoluciones judiciales relacionadas con delitos en el ejercicio de la función pública, en el marco de procesos orientados a la transparencia institucional.
