Embajada de EE. UU. no sabe cuál será la decisión final de su gobierno sobre el TPS
La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, afirmó que la resolución sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) compete de forma exclusiva al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, en el lanzamiento de la tercera fase de la conservación del Parque Arqueológico Cihuatán, en Aguilares.
Foto EL DIARIO DE HOY/ Lissette Monterrosa
La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, declaró que la misión no sabe qué decisión tomará su gobierno sobre la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de salvadoreños, prevista para el próximo 9 de septiembre y que se ha venido renovando a lo largo de más de dos décadas.
Durante el lanzamiento de la tercera fase del proyecto de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán, situado en Aguilares (San Salvador Norte) -con el Fondo de los Embajadores-, la diplomática reconoció que el futuro del amparo migratorio es una preocupación prioritaria para la comunidad salvadoreña a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, enfatizó que la resolución final no recae en la sede diplomática ni en el Departamento de Estado.
«Entendemos que esta es una pregunta que está en la mente de todo salvadoreño, aquí en El Salvador y en los Estados Unidos. Pero la realidad es que esa decisión la toma el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)», subrayó Fellows.
La diplomática añadió que el dictamen se oficializará únicamente a través del Registro Federal de EE. UU. «Nosotros en la embajada tampoco sabemos (…). Hasta que no haya decisión, no sabremos», acotó.
La actualización técnica más reciente emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) extendió automáticamente la validez de los permisos de trabajo (EAD) hasta el 9 de septiembre de 2026 para quienes tienen procesos de renovación pendientes. No obstante, dicha medida no constituye un anuncio de prórroga o cancelación definitiva del TPS.
De concretarse el fin del beneficio que ampara a unos 170,000 salvadoreños, el impacto social y económico será considerable, a diferencia del caso de Honduras, donde ya han asimilado el cese del amparo y reorientado esfuerzos hacia una transición ordenada.
Ante la eventual pérdida de protección legal, Fellows concluyó que la capacidad de respuesta para acoger a los retornados es «una pregunta para el Gobierno de El Salvador».
