Se acostumbra aprovechar el inicio de año para hacer un balance del anterior y tomar perspectivas respecto al que inicia. Hasta qué punto un año es tiempo suficiente para establecer tendencias es sumamente discutible. Las dinámicas sociales se definen en periodizaciones más amplias y complejas que poco tienen que ver con el calendario. Razón tenían los historiadores de Annales, liderados por Fernand Braudel en rechazar los tiempos cortos. Para Braudel, las claves explicativas de los cambios y permanencias en las sociedades se definían en los tiempos medios y largos; por el contrario, desconfiaba del ruido de los tiempos cortos, cuyo rápido fluir esconde la imposibilidad de cambios significativos y duraderos.

Según Braudel, el tiempo corto es el de los acontecimientos. Cada día aparece algo nuevo y breve; llama la atención, sirve para un titular, pero se diluye tan rápido como surgió. El acontecimiento es propio del ámbito político. Elecciones, tomas de poder, golpes de Estado; todos se prestan para primeras planas, generan expectativas y mantienen la atención pública por cierto tiempo. Pero, ¿qué significa un periodo presidencial en la vida de un país? La verdad, no mucho. Un presidente tendría que ser extremadamente bueno o malo para que su memoria perdure en el imaginario popular.

Entonces, no hay que buscar explicaciones profundas del cambio social en el tiempo corto de la política. Esto no significa descartarla sin más. Las dinámicas políticas pueden impactar en el rumbo de un país, a condición de que tengan continuidad. En la historia republicana nacional, eso solo aconteció en dos periodos: el último cuarto del siglo XIX, en el marco de las reformas liberales y expansión de la caficultura y en la segunda mitad del siglo XX (1948-1977) con los gobiernos reformistas desarrollistas de impronta militar. Continuidad no significa ausencia de conflicto. En ambos periodos los hubo, incluso revoluciones (como se decía en el XIX) y golpes de estado. Pero esos hechos no alteraron el rumbo de país. Es más, ningún gobierno deshizo lo hecho por sus antecesores; por el contrario, se tendió a profundizar los cambios iniciados y se agregaron nuevas disposiciones para darles continuidad. Esa continuidad fue garantizada en parte por una constitución: la de 1886, la libérrima le decían los abogados, y la de 1950, que implicó una redefinición del papel de Estado en cuestiones económicas y sociales.

En el caso del XIX, la apuesta fue el desarrollo de la caficultura, lo cual desencadenó una serie de transformaciones; algunas para expandir el cultivo del grano, otras como producto de su expansión. En el primer caso se legisló sobre tierras, mano de obra y se invirtieron recursos de Estado para la construcción de infraestructura. En la medida en que la actividad económica aumentaba, las ciudades principales crecieron; incluso hubo regiones, hasta entonces al margen de la actividad productiva que se activaron rápidamente, tal es el caso de la sierra de Tecapa en el oriente. Las apuestas eran económicas y políticas; en el último caso, mediante el respeto a la constitución y la alternabilidad presidencial, logro que se prolongó hasta 1931, cuando un golpe de Estado derrocó a Arturo Araujo.

Más interesante resulta el segundo caso. Tan ambicioso fue el proyecto reformista que conllevó apostar a un nuevo modelo de desarrollo; se trataba de superar el agroexportador con la industrialización. Para lograrlo, era preciso ampliar la esfera de acción del Estado. Se legisló profusamente para crear condiciones favorables a la industrialización, a la vez que se amplió la agricultura de exportación con algodón, caña de azúcar, ganadería e incluso pesca, a finales del periodo. Simultáneamente, se amplió el mercado a través de la integración económica regional. Esta vez hubo un componente social importante: seguridad social, salud pública, vivienda popular, educación, salario mínimo y otros. Sin embargo, la política social fue principalmente urbana. Al margen de las críticas, hacia finales de la década de 1960, los resultados eran evidentes. La economía creció a niveles que todavía no se han superado; hubo mejoras en educación y salud. La esperanza de vida aumentó significativamente. Sin embargo, las brechas sociales aumentaron.

En ambos casos, las elites dirigentes tenían claridad sobre el rumbo que querían darle al país y sucesivos gobiernos apostaron a ello. A partir de esa condición fue posible que en el transcurso de dos o tres décadas el país experimentara cambios importantes. La continuidad no debe entenderse como la perpetuación de un gobernante. Maximiliano Hernández Martínez gobernó por trece años, pero no tuvo un proyecto de desarrollo para el país; por el contrario, una vez controlado el levantamiento de 1932, se dedicó a restaurar el orden que había sido amenazado. En términos generales, su gobierno fue conservador. Los gobiernos del PRUD y el PCN, con fuerte influencia de los militares, apostaron a modernizar la economía — en el marco del anticomunismo y la doctrina de seguridad nacional —, responsabilizaron al Estado de impulsar políticas sociales, pero tratando de no alterar el orden social, sobre todo en el campo. El modelo funcionó durante un tiempo, pero hizo crisis a finales de los Setenta.

Hay otro caso interesante: ARENA gobernó por veinte años; claro ejemplo de continuidad política. Con los buenos augurios del fin de la guerra civil y con el neoliberalismo como pensamiento económico hegemónico se intentó formular un nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción de las exportaciones con uso intensivo de mano obra. Se adujo que los problemas del país se debían al excesivo intervencionismo estatal y a las reformas de la década de 1980. Se implementó la política de las “tres d”: desprotección para atraer inversión extranjera; desregulación para facilitar los negocios y desestatización (privatización) para reducir el Estado y obtener recursos económicos. En ese marco, el gobierno de Calderón Sol elaboró un “Plan de nación” que sería la hoja de ruta a seguir.

Sin embargo, la continuidad política no se tradujo en continuidad del proyecto. El gobierno de Francisco Flores ignoró totalmente el Plan de Nación, lo mismo hizo Antonio Saca que derivó tempranamente hacia el populismo. Tampoco hubo continuidad en la promoción de exportaciones. Ya para entonces, el creciente flujo de remesas distorsionaba la economía nacional. Esta no crecía como se esperaba, pero tenía alta capacidad de consumo, a tal punto que algunos hablaban de una dolarización de facto que favorecía el aumento de las importaciones. Sin explicitarlo, importantes actores económicos migraron del sector exportador al de comercio y servicios. Detrás de estos virajes estaba la emigración a Estados Unidos; el creciente flujo de remesas apalancaba la economía. Mientras las remesas crecían, la capacidad de consumo aumentaba y afectaba las dinámicas sectoriales. William Pleites muestra que entre 1990 y 2004, la participación del sector industrial en el PIB disminuyó; pero esa disminución fue mayor en el sector agrícola; este pasó del 16% al 5.7%. Por el contrario, los servicios crecieron del 55.8% en 1990, al 64.7% en 2020. No aumentaron las exportaciones, sino las importaciones.

Los resultados fueron muy diferentes a lo planeado inicialmente. Pero el modelo neoliberal se consolidó en los gobiernos de ARENA, persistió con los del FMLN (que intentó impulsar ciertas políticas sociales, sin cambiar la base económica) y se fortalece con el gobierno de Bukele. A la incapacidad de los gobiernos areneros para mantener el plan inicial se agregó la adaptación pasiva a los factores externos, tendencia que se mantiene hasta hoy. Es decir, la continuidad neoliberal se explica no por sus éxitos, sino por la falta de ideas alternativas. Tales debilidades son también evidentes en el actual gobierno. Basta ver cómo en el transcurso de los años ha zigzagueado del Bitcoin, a Surf City y a la gentrificación del centro histórico. La última tiene el agravante de expulsar de ese espacio a la economía informal, sin generar opciones de empleo para los desplazados. Es por eso que el CAM tiene que actuar cada vez más fuerte en contra de los vendedores, que no entienden que el centro ya no es para pobres. La única continuidad ha sido la deriva autoritaria y la tendencia a la perpetuación en el poder. El bukelato se parece cada vez más al martinato. Y podría terminar como aquél.

Historiador, Universidad de El Salvador