La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el jueves su Informe Anual 2025, en el que ofrece un panorama integral sobre la situación de los derechos humanos en la región y el funcionamiento del sistema interamericano de justicia.

El documento, elaborado desde su sede en Washington, D.C., recoge en seis capítulos los resultados del trabajo realizado por el organismo en cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos humanos en las Américas. Además, se plantea como un instrumento de transparencia institucional y una herramienta de referencia para los Estados, la sociedad civil y organismos regionales e internacionales.

En el capítulo V, la CIDH da seguimiento a la implementación de recomendaciones formuladas en informes de país sobre Bolivia y El Salvador. En este apartado, se evalúan aspectos relacionados con la situación institucional, el Estado de derecho y, en el caso salvadoreño, el impacto del régimen de excepción en materia de derechos humanos.

Respecto a El Salvador, el informe señala que el 87 % de las 23 recomendaciones emitidas por la Comisión permanecen pendientes o no han sido cumplidas. Entre estas destacan aquellas vinculadas a la extensión del estado de emergencia y a las garantías judiciales.

No obstante, la CIDH reconoce algunos avances parciales en áreas específicas, como medidas relacionadas con la seguridad social, así como en los mecanismos de registro y acceso a sistemas de denuncias para personas en situación de detención.

Seguirá monitoreo de efectos del régimen sobre DD. HH.

El pasado martes 21 de mes, la CIDH reiteró sus serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación del régimen de excepción en El Salvador y llamó al Estado a cesar su uso continuado como herramienta central de seguridad.

La medida acumula cuatro años de vigencia ininterrumpida desde su implementación el 27 de marzo de 2022, con 49 prórrogas consecutivas, la más reciente aprobada el 26 de marzo de 2026. Bajo este régimen se mantiene la suspensión de derechos como la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, además de la ampliación del plazo de detención administrativa. El último decreto justificó su extensión en la persistencia de grupos criminales cuya actividad podría revertir los avances en seguridad.

Según datos oficiales, más de 91,500 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen. Organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria supera las 130 mil personas privadas de libertad y que al menos 500 personas han muerto bajo custodia estatal hasta el 10 de marzo de 2026.

En su informe de 2024 sobre el estado de excepción, la CIDH ya había documentado denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias de carácter sistemático, así como posibles actos de tortura, condiciones inhumanas de detención, afectaciones al debido proceso y muertes bajo custodia.

La Comisión considera que la mejora en los índices de seguridad podría indicar que han variado las condiciones que dieron origen a la medida, por lo que instó al Estado a evaluar si su continuidad se ajusta a los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante una audiencia pública de su 195 período de sesiones, organizaciones civiles reiteraron su preocupación por un presunto patrón de persecución penal contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas. Además, señalaron que las violaciones documentadas podrían constituir posibles crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el Estado salvadoreño rechazó dichas acusaciones y negó la existencia de una política orientada a la comisión o tolerancia de violaciones a derechos humanos. Asimismo, defendió que el régimen de excepción ha contribuido a reducir la violencia, recuperar el control territorial y alcanzar los índices de homicidios más bajos del continente, además de disminuir delitos como la extorsión y el reclutamiento forzado.

La CIDH subrayó que el Estado debe garantizar en todo momento las garantías judiciales y el debido proceso, así como investigar, juzgar y sancionar cualquier denuncia de violaciones graves a los derechos humanos.

En paralelo, la Comisión advirtió sobre la reforma constitucional ratificada el 26 de marzo de 2026 por la Asamblea Legislativa, que introduce la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo.

Señaló que su aplicación, en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso. Además, recordó que este tipo de penas no debe aplicarse a menores de edad, por ser incompatible con los estándares interamericanos.

Finalmente, la CIDH valoró la disposición del Estado salvadoreño de mantener un diálogo abierto sobre la situación de derechos humanos y reiteró su disponibilidad para brindar cooperación técnica en el marco de su mandato como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.}

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