Caso de la Masacre del Volcán en el país será analizado en Corte Interamericana
La CIDH solicitó a la Corte que ordene a El Salvador investigar los asesinatos y desapariciones, así como una compensación a familia de víctimas y garantías de no repetición
En 2023 se realizó un acto conmemorativo en el 41° aniversario del asesinato y la desaparición de la familia Ramírez, en la "Masacre del Volcán de San Salvador". | Foto EDH/Cortesía PDDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana (Corte IDH) que ordene a El Salvador medidas de reparación por el caso de Natividad de Jesús Ramírez y su familia.
El caso se remonta a 1982, cuando agentes estatales, en el marco de la guerra civil, realizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia, así como por la situación de impunidad de los hechos, según el informe de la CIDH.
El 6 octubre de 2025, esta presentó ante la Corte el caso bajo el registro N° 12.787, en el que se detalla que la familia Ramírez era activa en la Iglesia Católica, y que había sido catalogada por el Estado salvadoreño como opositora política, y que fueron víctimas de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales.
En al menos tres ocasiones el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas pidió a la Fiscalía General de la República investigar el caso, conocido como «La Masacre del Volcán de San Salvador», ocurrida en el cantón San Jerónimo, Nejapa.
«Que se retome el caso, se cite a los testigos; pedimos concretamente que se investigue; las víctimas tienen derecho a un proceso judicial, a conocer la verdad, la justicia, a saber dónde quedaron los restos de sus familiares», dijo en 2018 la abogada de Idhuca Sandra Rivera.
En 2023 se realizó un acto conmemorativo en el 41° aniversario del asesinato y la desaparición de la familia Ramírez, en la «Masacre del Volcán de San Salvador». | Foto EDH/Cortesía PDDH.
La petición, recibida por la CIDH en 2004, trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez, y sobre la desaparición forzada de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen sin conocerse a la fecha, según la Comisión.
En su informe, la CIDH determinó que el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa «fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo». Así mismo, consideró «probada la desaparición forzada» de los otros familiares «…al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero».
La investigación de la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables. El Estado tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez».
La CIDH concluyó que «las ejecuciones, desapariciones forzadas y la ausencia de verdad y justicia han causado un profundo sufrimiento y afectación psíquica y moral en los familiares, algunos de los cuales presenciaron directamente los hechos».
Es por ello que estableció que «el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en… la Convención Americana sobre Derechos Humanos…».
Ante esto, pidió a la Corte IDH que orden al Estado salvadoreño: «1. reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción. 2. Investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda. 3. Garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial. 4. Continuar la investigación penal de manera diligente y efectiva para esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, incluyendo como línea de investigación la persecución de personas vinculadas a actividades de la Iglesia Católica durante el conflicto, incorporando una perspectiva de género. 5. Adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral, regulación de la búsqueda de desaparecidos, creación de un banco genético y adhesión a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada».
