El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró este sábado en un mensaje en X que «la oferta» de enviar presos a Colombia «sigue abierta», esto unos días después que su homólogo Gustavo Petro criticara el sistema penitenciario salvadoreño.

El mandatario salvadoreño continuó con el tema al reaccionar a una nota del noticiero colombiano Noticias Caracol sobre diversos artistas que amenizaron fiestas que se realizaban en una cárcel del municipio de Itagüí, en donde se resguarda a los principales cabecillas de bandas delincuenciales del departamento de Antioquia.

«Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto», publicó Bukele y siguió: «Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás».

El salvadoreño reiteró que «por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos (a los presos), definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles».

Bukele respondió el martes a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al «100 %» de los detenidos, «incluyendo los llamados presos políticos».

«Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana», publicó Bukele en un mensaje en X.

El presidente salvadoreño señaló que, «en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’».

El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay «personas presas inocentes», son «campos de concentración de población civil» y dijo que allí se está «matando en vida» a miles de jóvenes.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 «inocentes».

Mientras que, en este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.

Además, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. 

Suspenden a 11 funcionarios de una cárcel colombiana tras escándalo por fiesta de reclusos

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la Cárcel La Paz, en el municipio colombiano de Itagüí, Antioquia (noroeste), por irregularidades tras el escándalo por una fiesta celebrada esta semana con reclusos en ese centro penitenciario.

«Se apartarán del cargo a 11 funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función», dijo el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado este sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos dentro del penal.

Entre los funcionarios suspendidos hay diez dragoneantes y un teniente.

El caso se produce después de que se conociera la realización de una fiesta dentro del penal, en la que se presentó el cantante vallenato Nelson Velásquez, en un evento presuntamente no autorizado por el Gobierno y en el que, según denuncias, hubo consumo de alcohol y presencia de prostitutas.

Por estos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió una investigación para determinar qué funcionarios permitieron el ingreso del artista.

La cárcel La Paz, prisión de alta y media seguridad, alberga a cabecillas de bandas criminales de Medellín, algunos de ellos vinculados a los diálogos de ‘paz urbana’ impulsados por el Gobierno dentro de su política de ‘paz total’, lo que ha intensificado las críticas sobre los controles en el sistema penitenciario.

Este episodio se suma a otros similares en cárceles colombianas en las últimas décadas. Uno de los más recordados es el de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de los años 90 en condiciones de lujo que evidenciaron la debilidad del Estado ante su poder.