La Asamblea Legislativa salvadoreña no ha recibido de parte del gobierno, al menos hasta este miércoles, ningún proyecto de reforma al sistema de pensiones del país, pese a que el plazo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía como fecha límite el 10 de febrero de 2026.

Ante la consulta de la prensa si había llegado una propuesta de reforma, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, respondió con un «no».

En la plenaria del miércoles tampoco hubo alguna petición de introducir la reforma o abordarla por dispensa de trámites. Luego, en la parte de distribución de la correspondencia recibida tampoco se mencionó ninguna iniciativa gubernamental en el tema previsional.

La reforma se enmarca en el Acuerdo de Servicio Ampliado entre el gobierno salvadoreño y el FMI, alcanzado en 2025 y que significaría una inyección de hasta $1,400 millones en financiamiento para sanear las finanzas públicas.

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Hasta la tarde de ayer ni el gobierno ni el FMI informaron si se dio alguna prórroga al plazo de presentación del proyecto de reforma. Cabe recordar que la divulgación del estudio actuarial del sistema de pensiones se realizó hasta diciembre de 2025, tras una prórroga con el FMI pues debía publicarse en septiembre del año pasado.

Piden estudio serio

Por su parte, diputadas de oposición esperan que cuando se presente la propuesta se realice un estudio serio de la misma y que la modificación no implique afectar a los trabajadores cotizantes ni pensionados.

«Yo espero que esto se presente en la Asamblea Legislativa de una forma responsable. Aquí, independientemente si lo presentan en este momento o si lo presentan más tarde, es la seriedad con la cual se le va a dar estudio al tema», dijo Marcela Villatoro, diputada de ARENA.

Una vez que ingrese la propuesta, espera que se conforme una comisión especial para estudiarla y que se reciba a personas expertas en el tema de pensiones, así como posibles afectados y beneficiados, académicos y técnicos; para que «no sea una decisión únicamente política».

El aumento de edad de jubilación y el aumento de la cotización afectarían a los trabajadores, dijo Marcela Villatoro pic.twitter.com/WRlcN2uv0y

— El Diario de Hoy (@EDHNoticias) February 11, 2026

A su criterio, si llega a incluir un aumento en la edad de jubilación afectaría mucho a la población, así como un posible aumento en el porcentaje de la cotización.

«Lo que sí creo que debería de ponerse a esta reforma es el limitar que se siga ocupando el dinero de los salvadoreños, de las pensiones de los salvadoreños, para que los ocupen los gobiernos», enfatizó Villatoro.

Protección a los fondos

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recordó que desde el cambio del sistema público al privado se dejó sin cobertura el pago de las pensiones de empleados públicos y que los gobiernos toman prestado del fondo de ahorro de los trabajadores para cubrir ese déficit.

Mencionó que lo que el FMI ha pedido como condición al Estado salvadoreño es que «se nivele» el sistema de pensiones, porque lo que se toma del fondo es más de lo que ingresa de las cotizaciones, lo que lo vuelve insostenible en el tiempo.

El mismo estudio actuarial dio un plazo de dos años para que se agoten las cuentas de la mayoría de pensionados.

Claudia Ortiz considera importante que el Estado no siga endeudándose con el fondo de pensiones. pic.twitter.com/euGIGCD7Bi

— El Diario de Hoy (@EDHNoticias) February 11, 2026

Ortiz recordó que hace un par de semanas propuso una ley de protección de las pensiones, con la que plantea que se limite el acceso del gobierno a los fondos de pensiones, «que no pueda tomar más del 25%», dijo.

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Vamos también planteó que se retornara la posibilidad de los cotizantes a retirar el 25 % de su ahorro de pensiones y que en el estado de su cuenta de ahorro se transparente la información de cuánto ha sido prestado al gobierno.

«Principalmente el fondo está desfinanciado, que es uno de los problemas principales, porque han tomado dinero de los trabajadores y lo han convertido en dinero para pagar la deuda del Estado. Porque ha habido una mala administración de los recursos públicos», dijo.

Vencimiento de periodo de gracia

Cuando se aprobó la Ley Integral del sistema de Pensiones en 2022 se cambiaron los anteriores Certificados de Inversión Previsional en los Certificados de Obligación Previsional (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), la entidad que sustituyó al Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP).

Y se estableció en el articulado que los Fondos de Pensiones debían adquirir los Certificados de Obligaciones Previsionales que corresponden al Programa Anual de Emisiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y que las inversiones en dichos certificados sería «sin límite».

En 2023 se conoció que el gobierno presentó a las AFP las opciones de certificados con plazos de 24, 44 y 50 años, con rendimiento de 4.5 %, 6 % y 7 %. Las Administradores decidieron destinar el 99 % de su cartera al tercer certificado que paga un rendimiento del 7 % con un vencimiento a 50 años plazo, pero con cuatro años de gracia, es decir, sin recibir pago de intereses.

De no hacerse un modificación en dichas condiciones, a partir de 2027 el Estado tendría que comenzar a pagar intereses.

«Cuatro años tienen sin pagarle a la gente los intereses de sus pensiones, el que ha salido afectado de esta decisión ha sido, simple y sencillamente, la gente que ha estado cotizando. El gobierno ha estado tranquilo con eso porque no ha tenido que pagarle a la gente y si quieren hacer uso de eso nuevamente, lo tendrían que poner en las reformas que van a presentar. Ojalá que no lo hagan», dijo Villatoro.

Para Ortiz, las pensiones están perdiendo rentabilidad, «es dinero estuvo ahí dormido, sin estar trabajando, sin ganar intereses», expuso.