Un grupo de afectados por el desfalco millonario en la Cooperativa Santa Victoria, COSAVI, protestó este miércoles frente a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador para solicitar el respaldo de la representación diplomática y denunciar la falta de avances en la recuperación de sus ahorros.

Los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, entregaron una cuarta solicitud de audiencia dirigida a Naomi Fellows, encargada de Negocios y actual jefa de misión estadounidense en el país. La petición fue acompañada por una carta de respaldo enviada por el congresista estadounidense James McGovern, quien cuestionó la falta de atención que, según los afectados, la embajada ha mostrado en sus solicitudes anteriores.

Juan José Ortiz, vocero del grupo, explicó a radio YSUCA que buscan que el Gobierno de Estados Unidos se pronuncie en favor de las víctimas del fraude financiero, debido a que entre los perjudicados también hay ciudadanos estadounidenses que habían ahorrado en la cooperativa.

“Venimos a presentar una cuarta solicitud de audiencia con la señora Naomi Fellows, luego de que el congresista Jim McGovern enviara un escrito de apoyo el pasado 12 de mayo. Nos recibieron la petición y aseguraron que será trasladada a la funcionaria”, expresó Ortiz.

El representante también criticó la reciente fase de devolución anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que contempla pagos de hasta $90 mil, al considerar que la medida resulta insuficiente para atender a todos los afectados.

“Eso solo busca aparentar que se está trabajando en el caso”, sostuvo Ortiz, quien pidió ampliar el monto de devolución a más de $110 mil e iniciar además el reintegro de los certificados de aportación de $10 mil, algo que ha sido rechazado en múltiples ocasiones ante demandas.

Durante la protesta, varios afectados mostraron pasaportes estadounidenses para evidenciar que ciudadanos norteamericanos también resultaron perjudicados. Entre ellos se encontraba Salvador Cáceres, salvadoreño con nacionalidad estadounidense, quien aseguró haber depositado en la cooperativa los ahorros obtenidos durante años de trabajo en Estados Unidos.

Afectados

En un video difundido por la cuenta de Sara Monroe SV, Cáceres menciona que la situación de la cooperativa se deterioró tras su involucramiento con la política. “COSAVI era una buena empresa hasta que se mezcló con la política. Ahí comenzó la corrupción”, manifestó.

«COSAVI era una buena empresa hasta que se metió en política, cuando se metió con Nuevas Ideas la cosa se fue corrompiendo. Ya las alcaldías empezaron a gastar cantidades millonarias y no se sabe cuántos diputados de Nuevas Ideas puedan estar involucrados en eso. O sea, una buena cooperativa se arruinó al mezclarse con los políticos. Y la muerte, la caída de ese helicóptero abre muchísimas dudas porque ese señor tenía la clave de toda la trama del robo de 32 millones», sostuvo Cáceres.

Para el adulto mayor, «aquí se están violando los derechos más elementales, van 13 muertos, nadie puede cuantificar cuánto ha influido el hecho de esa angustia de ver su dinero secuestrado, de no poder completar sus gastos de vida en cuanto a comida, medicinas. Algunos tenemos otras alternativas, hay gente de misma edad, o mayores, o menores, pero ya tercera, cuarta edad, que pasan mal, no comen bien, no tienen medicina. Ir al Seguro Social es una tragedia… Se está violentado el derecho más fundamental de los derechos humanos, el derecho a la vida, porque esas 13 personas que murieron y las que vayan a morir, nadie puede cuantificar cuánto se debe a esta situación de COSAVI», sostuvo.

Contexto

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero informaron, en mayo de 2024, sobre un desfalco de $32 millones en COSAVI e iniciaron un proceso judicial que, según los afectados, continúa sin resultados concretos. Lo único que se ha logrado es que se vayan establecido capas de reintegro de dinero, pero que no alcanza para todos y que está lejos de subsanar el monto de lo desfalcado.

Ortiz aseguró que, desde entonces, han presentado 104 recursos judiciales relacionados con el caso; sin embargo, la mayoría han sido rechazados. Hasta el 18 de marzo, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia había declarado improcedentes al menos 75 recursos de casación, argumentando que “carecen de impugnabilidad objetiva”.

Ante este escenario, el abogado Henri Fino confirmó a El Diario de Hoy, en dicho mes, que preparan una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado salvadoreño, al considerar que se les ha negado acceso a la justicia.

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