Las autoridades de Guatemala mantienen patrullajes preventivos en varias zonas. Foto EDH/Cortesía PNC Guatemala
El gobierno de Guatemala oficializó el sábado una declaratoria de estado de sitio por un período de 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, ubicados en el oriente y noreste del país. La medida, emitida mediante el Decreto Gubernativo 8-2026 en Consejo de Ministros, busca fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y restablecer el orden público ante una serie de ataques armados registrados en las últimas semanas.
“Las instituciones de seguridad coordinarán las acciones necesarias para resguardar a la población y garantizar la tranquilidad de las comunidades, con pleno apego a la ley y respeto a los derechos humanos”, indicó el gobierno guatemalteco a través de un comunicado.
¿En qué consiste el estado de sitio según la normativa oficial?
Por disposición constitucional, la declaratoria restringe temporalmente la plena vigencia de derechos fundamentales reconocidos en cinco artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala:
Artículo 5: Libertad de acción.
Artículo 6: Detención legal.
Artículo 26: Libertad de locomoción (desplazamiento de un lugar a otro)
Artículo 33: Derecho de reunión y manifestación.
Artículo 38 (segundo párrafo): Regulación constitucional relacionada con la tenencia y portación de armas.
Asimismo, durante la vigencia de la medida, las autoridades de seguridad y las fuerzas del orden quedan facultadas para aplicar las siguientes acciones extraordinarias:
Limitar o impedir la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso de carácter privado.
Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se realice sin autorización, o bien si portando armas u otros elementos de violencia se negaran a disolverse tras la conminatoria de la autoridad.
Disolver por la fuerza y sin necesidad de previo aviso cualquier grupo o manifestación en el que se utilicen armas o se incurra en actos de violencia.
Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en zonas, lugares y horas determinadas, restringiendo su salida de poblaciones específicas o sometiéndolos a registro.
Exigir los servicios o el auxilio de particulares cuando las circunstancias lo requieran.
Ordenar la detención o el confinamiento de cualquier persona sospechosa de alterar el orden público, sin necesidad de mandamiento judicial previo.
Repeler o reprimir cualquier acción contraria al restablecimiento de la normalidad.
Ordenar el allanamiento de domicilios o lugares cerrados sin necesidad de orden de juez competente ni permiso del propietario, siempre que existan indicios de que se oculta una persona con orden de captura o que se resguardan armas, instrumentos o efectos de un delito (la autoridad deberá presentar la orden escrita del funcionario que dictó la medida con posterioridad al allanamiento).
El Ejecutivo recalcó que las acciones institucionales se llevarán a cabo en coordinación permanente, bajo el marco legal y con estricto apego a los derechos humanos.
La decisión del Gobierno responde a un marcado repunte de la violencia criminal y homicida en el corredor oriental del país.
Entre los antecedentes que motivaron la medida destacan diversos hechos violentos ocurridos desde finales de septiembre, como la ejecución de ocho personas en el municipio de Huité, Zacapa.
La tensión escaló notablemente a inicios de noviembre tras el atentado armado registrado en el municipio zacapaneco de Río Hondo, donde fueron asesinados el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su escolta.
A esto se sumaron incursiones armadas recientes en comunidades rurales de Zacapa y emboscadas en Puerto Barrios, Izabal, que dejaron múltiples víctimas mortales.
Estos sucesos coinciden con las tensiones regionales derivadas de operaciones y designaciones contra estructuras del narcotráfico transnacional en el territorio guatemalteco.
