El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, juramentó este viernes a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía), antes de que tome posesión del cargo el próximo domingo para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia.

A través de sus canales oficiales, el mandatario ratificó el nombramiento en cumplimiento de su «deber constitucional» y deseó al nuevo funcionario «claridad, sabiduría y una ética inquebrantable» para servir al pueblo guatemalteco

García Luna, de 49 años, asume la jefatura de la persecución penal tras una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, donde escaló desde los cargos de oficial y secretario hasta convertirse en juez y magistrado de Apelaciones en el ramo penal.

Porras Argueta, de 72 años, concluye su gestión tras ocho años al frente de la entidad —divididos en dos períodos consecutivos entre 2018 y 2026— marcados por sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que la señalaron de corrupción y de socavar la justicia y la democracia en el país centroamericano.

El plan de trabajo del nuevo jefe del Ministerio Público se fundamenta en 14 ejes estratégicos orientados a recuperar la autonomía de la institución y la objetividad de la persecución penal. Entre sus prioridades destacan el combate a la delincuencia transnacional —narcotráfico, trata de personas y contrabando de armas— y el fortalecimiento de la investigación criminal.

García Luna iniciará su mandato ante las demandas de la sociedad civil para detener la persecución judicial contra periodistas, activistas y exfiscales, además del desafío de coordinar acciones de seguridad con el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación.

Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de «decisiones firmes y transformación institucional», y denunció que «narrativas desinformadoras» intentaron «desacreditar y demeritar» su trabajo.

«Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (…) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (…) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar», dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación púbica como fiscal general.

Consuelo Porras asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024), la sustituirá a partir de este domingo el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años.

En su discurso, Porras aseguró que bajo su mando el Ministerio Público alcanzó un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, logrando una reducción drástica de la mora fiscal histórica que arrastraba la institución, aunque de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.

Las denuncias contra Porras

Asimismo, destacó supuestos indicadores de aceptación pública y fortalecimiento interno, argumentando que los niveles de confianza ciudadana aumentaron gracias a la modernización de la entidad y a la cobertura penal en los 340 municipios del país, unas afirmaciones vertidas en una ceremonia restringida exclusivamente al personal institucional y a medios de comunicación previamente seleccionados.

Esta versión de eficiencia contrasta drásticamente con el severo bloqueo internacional que deja Porras como legado, pues acumula sanciones internacionales por corrupción activa y persecución penal para socavar la democracia y criminalizar a opositores.

El rechazo de la comunidad internacional se recrudeció de forma definitiva tras las elecciones generales de 2023. En ese periodo, la Fiscalía dirigida por Porras emprendió una agresiva e inédita ofensiva judicial que buscaba anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

Diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia denunciaron de forma sistemática que, bajo el mandato de Porras, la persecución penal se utilizó sistemáticamente como una herramienta de represión política.

Este fenómeno derivó en la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos, además de provocar el exilio forzado de más de una treintena de jueces, magistrados y fiscales anticorrupción que investigaban redes de impunidad y decidieron abandonar el país al no contar con garantías jurídicas.

El relevo que asumirá García Luna mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, que exigen el cese de la persecución política como paso previo para restablecer el Estado de derecho.