El aluvión que azotó a Nepal el 26 de agosto de 2026 no solo devastó los valles del Himalaya. En cuestión de horas, desencadenó una crisis humanitaria de una magnitud pocas veces vista en el país desde el terremoto de 2015, al tiempo que tambaleaba a un gobierno aún incipiente y golpeaba en el corazón los pilares económicos de la nación. A fecha del 1 de septiembre, las autoridades nepalíes contabilizan 987muertos y cerca de 3,916 desaparecidos, entre ellos 583 extranjeros de más de treinta nacionalidades. En el Tíbet chino se han registrado otras dieciséis víctimas y 546 desaparecidos. Se siguen recuperando cuerpos muy aguas abajo, incluso en territorio indio. Más de 1,400 personas resultaron heridas. Tras estas cifras se esconde una realidad más difícil de cuantificar: familias enteras desaparecidas, niños separados de sus padres y aldeas que ya solo existen como huellas en el barro.

Según UNICEF, unas 65,000 personas se han visto afectadas, entre ellas más de 22.000 niños. Diecisiete mil menores necesitan ayuda urgente. Diecinueve escuelas han sufrido daños o han sido destruidas, y otras sirven de refugio, lo que interrumpe la escolarización de miles de alumnos. En los campamentos humanitarios, especialmente en Nuwakot, las condiciones siguen siendo precarias: tres letrinas para más de cuatrocientas personas, ausencia de agua corriente y largas colas para obtener kits de higiene. Las mujeres denuncian la falta de intimidad y los riesgos sanitarios.

El acceso al agua potable, el saneamiento y el apoyo psicológico se han vuelto tan urgentes como la búsqueda de los desaparecidos. La Cruz Roja estima que unas 93.000 personas necesitan asistencia. Más de 11.800 personas ya han sido rescatadas, pero cientos de trabajadores permanecen atrapados o en paradero desconocido en los túneles de las centrales hidroeléctricas. El trauma, señalan los equipos de asistencia, será el «segundo desastre». Los riesgos de enfermedades de transmisión hídrica y respiratorias aumentan a medida que se hacinan los desplazados y se destruyen los sistemas de agua.

En el plano político, el desastre supone la primera gran prueba para el primer ministro Balendra Shah, quien llegó al poder tras el Movimiento Juvenil de 2025. Su gobierno, aún relativamente inexperto, ha movilizado a más de 20.000 efectivos de seguridad y helicópteros, además de organizar equipos conjuntos con India y China. Shah ha subrayado reiteradamente la importancia del apoyo público: «No están solos; el Estado está con ustedes». Ha visitado las zonas afectadas y ha convertido el salvamento de cada vida en la prioridad nacional. Al mismo tiempo, ha internacionalizado la cuestión. Para él, no se trata de una inundación ordinaria, sino de un «tsunami de montaña» vinculado al cambio climático. Katmandú solicita acceso urgente al Fondo Mundial para el Cambio Climático, argumentando que Nepal, un país con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, está pagando el precio de una crisis que no provocó. Este enfoque diplomático busca aprovechar la financiación climática para transformar el dolor en una herramienta que permita obtener recursos para el clima.

La situación también pone de manifiesto las limitaciones del Estado: carreteras cortadas, alertas a veces tardías y una coordinación transfronteriza con Pekín que aún no es perfecta. Algunos exfuncionarios han criticado la lentitud de la respuesta y la falta de consultas políticas.

La gestión de esta crisis marcará durante mucho tiempo la legitimidad del nuevo gobierno y su capacidad para hablar con una sola voz ante los partidos políticos, el ejército y las comunidades locales. Nepal es una república desde 2008. La monarquía sufrió la terrible masacre de varios miembros de la familia real, incluidos el rey Birendra y la reina Aishwarya, el 1 de junio de 2001. Según la versión oficial, el autor fue el príncipe heredero Dipendra, quien falleció poco después.

La masacre desestabilizó totalmente el sistema real. Siguieron varios años de inestabilidad bajo el reinado de Gyanendra, quien fue destituido en 2008. Nepal está acostumbrado a los desastres naturales, pero la difusión de imágenes, la fuerza de los elementos y la tragedia humana han reconfigurado la dimensión espectacular de estos sucesos.

Se prevén graves consecuencias económicas. El ministro de Finanzas, Swarnim Wagle, ha estimado el coste de la reconstrucción entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, lo que equivale a casi una décima parte del producto interior bruto. Una estimación inicial ya cifraba los daños en 200.000 millones de rupias.

La energía hidroeléctrica, motor del desarrollo nepalí, se ha visto duramente afectada: una quincena de proyectos han sufrido daños y unos 431 megavatios de capacidad operativa han quedado fuera de servicio, más del 12 % del total de la infraestructura, sin contar los cientos de megavatios que estaban en fase de construcción. La central de Rasuwagadhi fue arrasada, la de Chilime quedó sepultada y se destruyeron subestaciones y líneas eléctricas. El país, que apuesta por la exportación de electricidad a la India, ve así debilitado su principal activo estratégico.

El paso fronterizo de Gyirong-Rasuwa, arteria comercial con China, ha quedado destruido, con la consiguiente pérdida de mercancías y camiones; las imágenes ilustran la magnitud de la catástrofe. El turismo de senderismo y peregrinación, ya de por sí vulnerable, sufre el impacto de una región inaccesible y la percepción de peligro. Las remesas de los trabajadores en el extranjero, otro pilar de la economía, no bastarán por sí solas para financiar la reconstrucción de puentes, carreteras, escuelas y centrales eléctricas.

El proceso llevará años, al igual que ocurrió tras los terremotos de 2015, cuando el país se vio azotado por una serie de seísmos superiores a 7,5 grados en la escala de Richter. Las aseguradoras y los bancos deberán evaluar unas pérdidas aún no cuantificadas con precisión, mientras que las autoridades locales, privadas de sus oficinas, arrastradas por las crecidas, tienen dificultades para realizar el censo de los damnificados.

Sin financiación climática ni credibilidad estatal, existe el riesgo de que la reconstrucción sea incompleta. Sin la reactivación de la energía hidroeléctrica y del comercio, a Nepal le costará pagar sus deudas y proteger a los sectores más vulnerables de su población. Tras la ola, el país debe enterrar a sus muertos, consolar a los vivos y reinventar un modelo de desarrollo que ahora se ve brutalmente expuesto al deshielo de los glaciares.

Cada día que pasa sin identificar a los desaparecidos, sin reparar las carreteras y sin redes de protección para los desplazados ahonda aún más la brecha entre la urgencia sobre el terreno y las promesas de reconstrucción. Más que nunca, Nepal pone de manifiesto las dramáticas consecuencias que puede provocar el calentamiento global.

Pascal Drouhaud

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.