La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), es una de los 11 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, que está previsto se designe este lunes.

La elección de este cargo de magistrado, uno de los cinco titulares de la Corte de Constitucionalidad, para el período 2026-2031, estará a cargo de miembros del Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac), la única estatal del país.

De acuerdo con organizaciones locales e internacionales, la integración de la Corte de Constitucionalidad será determinante para el rumbo de la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años.

¿Por qué llama la atención la aspiración de la fiscal de Guatemala?

Este nombramiento cobra especial relevancia por la inclusión de Porras entre los candidatos, pese a las sanciones internacionales que pesan en su contra por supuestos actos de corrupción. De ganar, podría obtener la inmunidad del cargo en eventuales casos judiciales en su contra en el futuro.

La renovación de la Corte está establecida en la ley, que dispone la designación de cinco magistrados titulares por igual número de instancias: la Usac, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Organismo Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

El mismo Ministerio Público (MP, Fiscalía) intervino la semana pasada con un allanamiento en los comicios para el nuevo magistrado elegido por el Colegio de Abogados y Notarios, aunque la designación no se interrumpió y más de 8.000 juristas seleccionaron a la abogada Astrid Lemus como su representante.

Los nombramientos a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.