Un migrante venezolano herido de bala por un agente de inmigración en Texas fue denunciado por el gobierno federal de agresión y otros cargos penales, que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel, informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

Wilber Garcés, de 28 años, quien permanece detenido y aún lleva una bala alojada cerca de la columna, compareció el martes ante un tribunal federal de Texas, donde fue acusado de agresión, resistencia, obstrucción y entorpecimiento a la autoridad. 

Según documentos judiciales, el 20 de septiembre, agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Garcés luego de que un juez de inmigración emitiera una orden final de deportación en su contra.

Garcés se desplazaba en su vehículo mientras trabajaba como repartidor. De acuerdo con la denuncia, durante la detención entregó su licencia de conducir a los agentes, quienes le pidieron que estacionara y saliera del vehículo, órdenes que él presuntamente ignoró.

Según sus acusadores, Garcés reanudó la marcha y golpeó a uno de los agentes con su espejo retrovisor. Los agentes lo alcanzaron y uno de ellos, identificado con las iniciales L.G., aseguró que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó su arma.

El ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigan el caso.

Precisamente, la denuncia penal va acompañada de una declaración jurada de un agente federal que investigó el incidente y entrevistó a Garcés en un centro de detención en el sur de Texas.

El documento recoge versiones contradictorias sobre los segundos previos al disparo.

El agente que abrió fuego dijo a otro agente que Garcés había intentado golpearlo con su vehículo y que él había disparado su arma.

Garcés, sin embargo, aseguró durante su entrevista con el investigador que recibió el disparo después de que su automóvil se detuviera tras ser impactado por la camioneta de L.G., lo que provocó que su Toyota Corolla girara sobre sí mismo.

Tras recibir el disparo el 20 de septiembre, las autoridades locales trasladaron a Garcés de emergencia a un hospital, donde fue dado de alta unas horas después sin que le retiraran la bala, que permanece alojada en su cuerpo.

Según su relato, una vez detenido el vehículo, L.G. disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.

La declaración jurada, firmada por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), detalla también los momentos previos al incidente.

Autoridades locales, organizaciones humanitarias y congresistas del Partido Demócrata han reclamado una pesquisa independiente.

La denuncia revela que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que disparó contra Garcés no llevaba una cámara corporal. 

«De ser declarado culpable, (Garcés) podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal», detalló el Departamento de Justicia.

El migrante permanece recluido en un centro para migrantes en Pearsall, sur de Texas. En una comunicación telefónica con la prensa, aseguró que pidió a los agentes de ICE que le permitieran aparcar su auto en un lugar seguro antes de entregarse. Según su versión, intentó desplazarse para hacerlo, pero los agentes se lo impidieron, chocaron su vehículo y luego recibió el disparo.

«Todavía tiene la bala alojada en el cuerpo, una clavícula fracturada y movilidad reducida. Nos preocupa que pueda desarrollar sepsis y sufrir daños permanentes si no se opera pronto», dijo el domingo su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch. 

La defensa de Garcés ha presentado un recurso de habeas corpus y solicita que sea liberado y llevado a un hospital.

Un mexicano, Lorenzo Salgado, murió en julio después de que un agente de ICE le disparara en Houston, Texas, donde había vivido por más de 30 años y tenía tres hijos estadounidenses.

Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.

El venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según relató su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.