El clima social en Francia, a principios de noviembre de 2026, se caracteriza por una ira persistente que atraviesa todas las categorías sociales: desde los estudiantes de secundaria de las periferias hasta los trabajadores del sector privado, pasando por los funcionarios, los jubilados y los remanentes del movimiento de los «chalecos amarillos», que vuelve a cobrar cierta visibilidad.

Esta tensión no es el resultado de una explosión repentina, sino la culminación de un otoño que comenzó con el inicio del curso escolar, el pasado mes de septiembre. En aquel entonces, centros de enseñanza secundaria, tanto en la periferia parisina como en la isla de Mayotte y en varias ciudades de la Francia metropolitana, fueron bloqueados por estudiantes que denunciaban la falta de profesores, el deterioro de los edificios, la sobrecarga de horarios y la opacidad del sistema de orientación académica «Parcoursup».

Lo que en un principio no era más que una protesta localizada por las condiciones materiales de estudio se transformó rápidamente en el catalizador de un descontento mucho más amplio. Una de cada dos personas afirma tener dificultades para llegar a fin de mes. La inflación de los precios de la energía y los alimentos sigue erosionando el poder adquisitivo, a pesar de los reajustes automáticos del salario mínimo. Por su parte, los servicios públicos se perciben como insuficientemente financiados frente a unas necesidades crecientes, derivadas del envejecimiento de la población, el cambio climático y la precarización de amplios sectores de la población activa.

La jornada del pasado 5 de noviembre constituyó el punto culminante provisional de esta etapa. Convocadas por una intersindical, cientos de manifestaciones reunieron, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, a 575.000 personas, mientras que el sindicato CGT cifró la participación en cerca de 1,6 millones, de las cuales 350.000 se concentraron en París.

Estas discrepancias en las cifras, habituales en las movilizaciones francesas, no restan importancia a la magnitud de la convocatoria, que superó la participación registrada en las jornadas anteriores del 17, 24 y 31 de octubre. Las huelgas afectaron al transporte, la educación, los hospitales, las refinerías y algunos servicios públicos, alterando la vida cotidiana sin llegar a paralizar el país por completo.

La mayor parte de las manifestaciones transcurrió con relativa calma, bajo la vigilancia de 70.000 policías y gendarmes desplegados. Esta jornada no marcó el final del movimiento: organizaciones juveniles y la coordinación de los «chalecos amarillos» convocaron nuevas acciones para el fin de semana del 7 de noviembre. Algunas concentraciones fueron prohibidas, como la prevista en la plaza de la Concordia de París, mientras que el recorrido intersindical entre las plazas de la República y de la Nación fue autorizado.

El lunes 9 de noviembre, el primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto reunir a sindicatos y organizaciones patronales en una conferencia social centrada en los salarios y el poder adquisitivo, tras haber solicitado al ministro de Trabajo que concluya las consultas antes del domingo.

En el centro de las reivindicaciones se encuentra la cuestión del poder adquisitivo y los salarios. El SMIC (salario mínimo interprofesional), revalorizado el 1 de junio de 2026 a 12,31 euros brutos por hora, lo que equivale a unos 1.867 euros brutos mensuales (alrededor de 1.478 euros netos por una jornada laboral de 35 horas semanales), no ha recibido ningún incremento adicional significativo por parte del Gobierno desde 2012.

Los sindicatos consideran que los aumentos automáticos vinculados a la inflación ya no bastan para compensar la pérdida real de poder adquisitivo, especialmente entre los trabajadores con salarios bajos y las clases medias.

Los servicios públicos constituyen el segundo gran eje de las reivindicaciones. Los manifestantes denuncian una reducción continua de los recursos, patente en la educación (escasez de profesores, aulas masificadas e instalaciones deterioradas), la sanidad (servicios de urgencias saturados y zonas sin cobertura médica), el transporte y la atención a las personas mayores.

Los estudiantes de secundaria y universitarios, que impulsaron inicialmente el movimiento, exigen inversiones masivas, cifradas a menudo en 10.000 millones de euros para las infraestructuras escolares, así como la creación de 250.000 plazas adicionales en las universidades. Asimismo, cuestionan el sistema «Parcoursup», al que consideran opaco, estresante y desigual, y reclaman una reforma profunda o su supresión. Las organizaciones estudiantiles sostienen que las medidas anunciadas por el Gobierno no son más que «una cortina de humo».

El clima general refleja el cansancio de una sociedad que lleva años soportando reformas percibidas como favorables a las empresas en detrimento de los trabajadores. A ello se suma una crisis climática que se manifiesta de manera concreta, mediante olas de calor, sequías e incendios durante el verano de 2026, y que, en los discursos de los movimientos sociales, aparece cada vez más vinculada a la cuestión de la justicia social.

La respuesta gubernamental sigue estando condicionada por la situación política. El jefe del Gobierno carece de mayoría en la Asamblea Nacional, lo que le obliga a negociar constantemente. Ha realizado una serie de anuncios modestos en materia educativa y ha prometido medidas relacionadas con el salario mínimo (SMIC). Al mismo tiempo, ha desplegado masivamente a las fuerzas del orden y, en ocasiones, ha restringido los recorridos de las manifestaciones.

La conferencia social del 9 de noviembre servirá de prueba. Los sindicatos llegan a ella en una posición de relativa fortaleza, tras la jornada del 5 de noviembre, y advierten que no se conformarán con migajas. Por su parte, las organizaciones patronales alertan contra cualquier aumento de las cargas sociales y abogan por una reducción de costes a cambio de posibles concesiones salariales.

El clima social sigue siendo volátil: si la conferencia social desemboca en medidas consideradas insuficientes, ya se contempla la convocatoria de nuevas jornadas de movilización.

En cualquier caso, Francia afronta los meses previos a las elecciones presidenciales en un estado de tensión social que amenaza con influir de manera duradera en el debate público, en los programas de los candidatos y en la percepción de un modelo social agotado frente a las presiones económicas y climáticas.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.