A ocho años de las manifestaciones que estallaron en Nicaragua contra el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, por unas controvertidas reformas a la seguridad social, «y la ola represiva llevada a cabo por el Estado», sigue la crisis de derechos humanos en el país centroamericano.

Así lo advirtió este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una declaración con ocasión del octavo aniversario de esas protestas, en la que condenó las continuas violaciones a los derechos humanos y urgió al Estado de Nicaragua a restablecer el Estado de derecho, poner fin a la represión, liberar de manera inmediata a encarcelados por motivos políticos, y cesar la impunidad generalizada.

«La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo», alertó ese órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Según la CIDH, persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras; así como restricciones y afectaciones a garantías y libertades fundamentales, y violaciones bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y degradantes.

En particular, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), aseguró que sigue recibiendo información sobre detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad por motivos políticos contra cualquier persona percibida como opositora al régimen.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana.

Por otra parte, la CIDH denunció que las excarcelaciones anunciadas por el Estado nicaragüense este año no se han traducido en la restitución plena y efectiva de la libertad, «debido a que estas personas continúan sometidas a nuevas formas de control estatal, vigilancia permanente policial y de agentes paraestatales, restricciones de movilidad y otras medidas de control que afectan su vida familiar, laboral y su proyecto de vida».

A todo ello, agregó, se suman las recurrentes violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales y la impunidad generalizada frente a todas las violaciones a los derechos humanos cometidas desde hace ocho años, entre las que se encuentran 355 víctimas fatales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2018.

Por tanto, ese organismo instó nuevamente al Estado de Nicaragua a cesar todas las violaciones a los derechos humanos, liberar incondicionalmente a todas las personas encarceladas por motivos políticos y restablecer la democracia.

Asimismo, recordó a los Estados de la región y a la comunidad internacional «su responsabilidad de promover el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua».