Este martes el Departamento de Justicia estadounidense admitió en una nueva presentación judicial que la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quién tomó la decisión de continuar con los vuelos de deportaciones que transportaban inmigrantes a la megaprisión en El Salvador, esto a pesar de existir una orden emitida por un juez federal para hacer regresar los aviones, según información presentada por CNN. 

Durante la presentación el Departamento de Justicia reconoció que Noem tomó la decisión en marzo de mantener los aviones y llevar a los inmigrantes al CECOT.

El juez de distrito estadounidense James Boasberg, reanudó la investigación por desacato hace una semana, el funcionario pretende esclarecer qué funcionarios de la administración Trump pasaron por alto sus órdenes. 

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Previamente expertos indicaron que el caso inmigratorio de alto riesgo involucra el uso por parte del presidente, Donald Trump, de la Ley de Enemigos Extranjeros para facilitar la deportación de presuntos miembros de estructuras criminales venezolanas que se encontraban detenidos en Estados Unidos.

En medio de la histórica campaña de deportaciones, la Casa Blanca se ha visto involucrada en un conflicto político. 

La indicación brindada por Noem llevó a los venezolanos a pasar varios meses en la prisión salvadoreña.

“Los subsecretarios de Justicia Todd Blanche y Emil Bove brindaron asesoría legal al DHS sobre la orden de la Corte relativa a los vuelos que habían salido de Estados Unidos antes de la emisión de la orden”, escribió el Gobierno en el documento.

Recalcando en el documento judicial que “tras recibir dicha asesoría legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos de la AEA que habían sido expulsados ​​de Estados Unidos antes de la orden de la Corte pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador”.

Así mismo el Departamento de Justicia señaló durante la presentación que “esa decisión era legal y consistente con una interpretación razonable de la orden del Tribunal”.

“Si bien el contenido del asesoramiento legal brindado al DHS y a la secretaria Noem es confidencial, el Gobierno ha explicado repetidamente… por qué sus acciones no violaron la orden del Tribunal, y mucho menos constituyeron desacato”, escribió el gobierno.

Boasberg, ordenó al gobierno que devolviera el control de los aviones que transportaban inmigrantes deportados bajo la AEA, a mediados de marzo.

Pero no se obtuvo la respuesta esperada y los vuelos continuaron llevando a prisión a los migrantes que meses después fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. 

Las autoridades gubernamentales argumentan que “la orden escrita del Tribunal no pretendía exigir el regreso de los detenidos que ya habían sido expulsados, y la directiva oral previa no constituía una orden judicial vinculante, especialmente después de la orden escrita”.

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Boasberg es el juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington, la semana pasada indicó que “existe causa probable para encontrar al Gobierno en desacato penal”.

Durante el proceso de investigación para determinar responsables, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos suspendió el proceso.

Dicha investigación podría incluir declaraciones de funcionarios de la administración actual o arresto de funcionarios en su sala para que presten testimonio bajo juramento.

Se espera que estas audiencias inicien en diciembre de este año. Entre las principales entrevistas se encuentra un exabogado del Departamento de Justicia que alegó en una denuncia a principios de este año que un entonces alto funcionario del Departamento de Justicia les dijo a sus colegas que la administración tenía la intención de ignorar las órdenes judiciales como parte del agresivo esfuerzo de deportación del Gobierno.