Alcalde de Nueva York lidera demanda para frenar castigo a migrantes en EE. UU.
Alcaldes como Mamdani piden anular la norma de Trump que castiga con perder la residencia legal a inmigrantes que usen cupones de alimentos o ayuda social
Una amplia coalición de gobiernos locales y estatales encabezada por la ciudad de Nueva York entabló una demanda formal ante los tribunales federales en Manhattan en contra de la Administración de Donald Trump.
La medida busca frenar la entrada en vigor de las nuevas regulaciones sobre la definición de «carga pública», con las que la Casa Blanca pretende restringir la residencia legal y abrir la puerta a deportaciones de inmigrantes que hayan solicitado beneficios sociales de forma totalmente legítima.
La querella judicial cuenta con el respaldo de las autoridades del estado de Nueva York y de algunas de las principales urbes del país, entre ellas San Francisco, Seattle y Chicago, según confirmó la cadena Telemundo.
Los demandantes argumentan que la disposición genera una “enorme ilegalidad” y provocará un “daño irreparable” a miles de familias trabajadoras que requieren asistencia gubernamental de forma temporal.
El eje del conflicto radica en el drástico cambio de criterio impuesto por el Gobierno federal en la aplicación del concepto de «carga pública».
Históricamente, la legislación estadounidense consideraba bajo esta categoría únicamente a aquellos individuos que dependían de manera primaria de los fondos públicos para su subsistencia diaria.
Sin embargo, las nuevas directrices dictadas por la administración Trump amplían esta definición para incluir a quienes recurran de forma eventual a programas de protección social básicos, como la Cobertura Médica, los subsidios por desempleo o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés, conocido popularmente como cupones de alimentos).
De acuerdo con las normativas impulsadas por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), todo extranjero que gestione el ajuste de su estatus para obtener la residencia permanente (green card) deberá probar de manera rigurosa su autosuficiencia económica, corriendo el riesgo de ser declarado inadmisible si ha solicitado ayudas estatales en el pasado.
El temor a acudir por ayuda básica
Al anunciar la acción judicial, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enfatizó que el propósito fundamental de los tribunales debe ser proteger a los residentes de medidas arbitrarias que atentan contra la estabilidad social de las comunidades.
En esa misma línea, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, advirtió sobre las graves consecuencias humanas que provocará esta política.
«Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas al solicitar ayuda. Esta norma se aprovecha de ese temor y se basa en que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente», aseveró James a través de un comunicado citado por Telemundo.
Analistas locales señalan que la incertidumbre jurídica ya ha provocado que numerosos ciudadanos e inmigrantes con estatus regulado dejen de acudir a centros de salud o de solicitar subsidios de alimentación de urgencia por miedo a represalias en sus expedientes migratorios.
Petición ante las cortes federales
La demanda exige que la justicia determine si las acciones de la Casa Blanca incurren en una actuación «arbitraria, caprichosa y sin el debido seguimiento de los procedimientos que exige la ley». Asimismo, la coalición de ciudades exige que la regla sea derogada de inmediato y se prohíba de forma expresa al Gobierno federal ejecutar cualquier tipo de represalia presupuestaria o legal contra las administraciones locales querellantes.
Por su parte, las autoridades migratorias federales sostienen que las modificaciones responden de forma estricta al mandato del Congreso para garantizar que los residentes permanentes en Estados Unidos sean económicamente autosuficientes y no constituyan una carga para los fondos de los contribuyentes.
El caso queda ahora en manos de las cortes federales, que deberán pronunciarse sobre si suspenden cautelarmente la controvertida medida.
