Colombia dispondrá de una megacárcel al estilo de las instalaciones del CECOT, inaugurado en 2023 por el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Un proyecto que encuentra la oposición de algunas organizaciones humanitarias.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, propuso en la campaña electoral la construcción de 10 megacárceles en zonas remotas del país, siguiendo el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Esta semana se han publicado imágenes de la construcción de la primera de estas cárceles, junto con la visita de funcionarios penitenciarios. El centro se llama “Renacer” y contará con 1.974 cupos. Es un proyecto que comenzó con el expresidente Iván Duque hace seis años y que De la Espriella promete acelerar.

“La respuesta no es la construcción de nuevos edificios”

Esta estrategia de grandes cárceles choca con la oposición de organizaciones humanitarias, como la asociación Corporación Humanas. “La base de la propuesta del presente gobierno para su proyecto de 10 megacárceles es considerar que la crisis de seguridad que enfrenta el país es una crisis histórica y relacionada con múltiples dimensiones, que va a solucionarse a partir de la construcción de más cupos penitenciarios”, indica la politóloga Angélica Beltrán.

Sin embargo, subraya, “no consideramos que esa sea una medida que permita solucionar la crisis en la medida en que esto ya ha sido una salida que hemos intentado en otros momentos. Desde el año 2000 intentamos esta salida generando más cupos penitenciarios, aumentando en un 40% la capacidad penitenciaria del país, y en 10 años se volvió un estado de hacinamiento. Por lo cual consideramos que la respuesta a la crisis en seguridad y penitenciaria no es la construcción de nuevos edificios, sino la transformación de la política penitenciaria desde un enfoque preventivo”.

El riesgo de la inversión privada

El costo de la megacárcel Renacer asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos, unos 87 millones de dólares. Para Beltrán, el proyecto del gobierno abre la puerta a actores privados: “El Estado colombiano no tiene los recursos para financiar, y eso implicaría que vamos a entrar a un modelo al que Colombia no ha respondido antes, que es la inversión privada en infraestructura penitenciaria, que nosotros advertimos que por supuesto es un riesgo en la medida en que se vuelve un negocio. Y eso también sigue la tradición estadounidense de complejo industrial carcelario”, señala.

“Hace más de 25 años que una de las principales problemáticas es el hacinamiento. El asunto es que ese hacinamiento se sostiene siempre también por un uso desproporcionado de la medida de detención preventiva”, concluye la politóloga.

De la Espriella ha prometido una guerra frontal contra las poderosas mafias del país y quiere que los centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.