Desde enero de 2023 está vigente en El Salvador la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que sustituyó a la anterior Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), cuya finalidad es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

Aunque buena parte de la norma retomó aspectos de la LEPINA y otras leyes, se requeriría de mayores garantías de protección de la niñez y adolescencia, según análisis del diputado Francisco Lira, de ARENA.

Desde 2022 que se aprobó la Ley Crecer Juntos no ha habido otra legislación profunda en tema de niñez, ¿el marco legal es lo suficientemente robusto para garantizar sus derechos?

La Ley Crecer Juntos fue un avance, pero no es suficiente por sí sola. Representó un paso importante en la modernización del marco normativo al incorporar principios de derechos humanos, estándares internacionales y una visión integral del desarrollo humano desde los primeros años de vida. Sin embargo, es necesario reconocer que esta ley surgió de la reforma de la antigua LEPINA y fue aprobada de manera apresurada, sin la profundidad técnica ni la participación amplia que un cambio de esta magnitud requería. Más que el resultado de un proceso legislativo consensuado, respondió principalmente al cumplimiento de un compromiso político del Ejecutivo.

Persisten vacíos importantes, especialmente en materia de prevención y atención de la violencia, protección frente al abandono, la explotación y el trabajo infantil, así como en la cobertura integral de salud, nutrición, educación inicial y estimulación temprana.

Por ello, es urgente avanzar en reformas complementarias que fortalezcan el marco legal existente. En primer lugar, propongo la creación de una Ley Especial para la Prevención y Atención Integral de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia, que refuerce los protocolos de denuncia, establezca rutas claras de atención psicosocial y mejore la coordinación interinstitucional.

Considero fundamental impulsar una Ley de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que priorice la inversión pública en los primeros años de vida.

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La protección de la primera infancia y la niñez no puede depender únicamente de una ley aprobada a la carrera. Necesitamos construir un sistema normativo más amplio, articulado y operativo, con recursos suficientes, instituciones fortalecidas y mecanismos eficaces de cumplimiento, que acompañe y garantice el desarrollo integral de las personas desde sus primeros años de vida.

La ley y el Código de Trabajo habilitan el trabajo desde los 14 años, bajo algunas condiciones, pero históricamente los que trabajan dejan de estudiar, ¿debería cambiarse y dejar la edad mínima en 16 años?

Subir la edad mínima para trabajar a 16 años es clave para romper el ciclo de pobreza. Considero que debemos abrir este debate con responsabilidad. Permitir el trabajo desde los 14 años puede parecer una forma de ampliar oportunidades; pero en la práctica ha tenido consecuencias negativas: la mayoría de adolescentes que se incorporan al mercado laboral a esa edad abandonan sus estudios, lo que reduce sus posibilidades de desarrollo, perpetúa el ciclo de pobreza y limita su acceso a empleos dignos.

Subir la edad mínima legal a 16 años sería coherente con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que el empleo no debe interferir con la educación obligatoria. Sin embargo, esta reforma no puede hacerse de forma aislada. Debe formar parte de un conjunto de políticas públicas y cambios legales que creen condiciones reales para que los adolescentes permanezcan en el sistema educativo.

Es fundamental reformar el Código de Trabajo para establecer programas de aprendizaje dual que permitan a los jóvenes combinar sus estudios con formación práctica bajo supervisión, sin abandonar la escuela.

Debemos establecer sanciones más claras para los empleadores que contraten adolescentes fuera de la edad permitida o en condiciones que vulneren sus derechos. No se trata de negar a los adolescentes el derecho a trabajar, sino de asegurar que lo hagan sin sacrificar su educación ni su desarrollo humano.

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¿Las condiciones actuales del país favorecen la educación formal y preparación profesional y técnica o los adolescentes tienen que decantarse por la fuerza laboral informal?

Hoy las condiciones estructurales del país todavía no favorecen plenamente la educación formal ni la formación técnica, especialmente desde la etapa de la primera infancia, que es determinante para el futuro educativo y laboral. Muchos adolescentes enfrentan barreras económicas, falta de centros de formación profesional cercanos, acceso limitado a tecnología y pocas oportunidades de inserción en el mercado laboral formal. Estas circunstancias empujan a miles de jóvenes a incorporarse a la economía informal como única alternativa.

Es fundamental ampliar la oferta de formación técnica y tecnológica en todo el país, especialmente en los municipios con mayores índices de pobreza, con programas adaptados a las necesidades productivas locales. También debemos incorporar un enfoque técnico-productivo en la educación media, integrando competencias digitales, habilidades prácticas y emprendimiento desde edades tempranas.