La CIDH solicitó a Cancillería, el 18 de noviembre, información sobre la ubicación del salvadoreño deportado al país en marzo pasado.
La CIDH solicitó a Cancillería, el 18 de noviembre, información sobre la ubicación del salvadoreño deportado al país en marzo pasado.

Este jueves se cumplió el plazo extraordinario solicitado por el Estado salvadoreño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar información sobre el paradero de Élmer Antonio Escobar González, un salvadoreño deportado por Estados Unidos a El Salvador en marzo de este año.
La CIDH envió un escrito a Cancillería, el pasado 18 de noviembre, en el que brindaba un plazo de siete días para que se pronunciara sobre la petición de medidas cautelares a favor de Escobar.
“Detallar en qué centro de detención se encuentra recluido, su estado actual de salud y cuáles son las condiciones de detención del propuesto beneficiario, así como las posibilidades de que tengan visitas familiares y abogados de confianza”, fueron parte de las peticiones de la CIDH.
Para el 25 de noviembre, El Salvador no había dado información al respecto por lo que remitió una solicitud de dos días adicionales a la CIDH para cumplir con lo demandado.
“Sobre el particular, el Estado solicita a esa Comisión conceder un plazo complementario de dos días, a fin de concluir el proceso de recopilación y sistematización de la información a ser presentada”, expresa parte del documento redactado por la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., el 24 de noviembre.
Desde marzo, su familia y su abogada no han tenido certeza de su paradero ni de su estado de salud, más allá de las imágenes publicadas por el Gobierno salvadoreño en las que brevemente se puede ver a Escobar González y que parientes han logrado observar.
Debido a la escasa información, la defensa de Escobar interpuso la denuncia ante la CIDH para que ésta solicitase al Gobierno salvadoreño dar información acerca del detenido.
Sobre el caso
Élmer Antonio Escobar González residía en Estados Unidos bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); sin embargo, perdió ese status temporal, tenía una orden de deportación desde el 20 de marzo y posteriormente fue repatriado a El Salvador.
Élmer enfrentó un cargo por violación en EE.UU., pero un juez le declaró la libertad y no fue sentenciado por ningún delito grave, solamente por abuso de alcohol.
Su familia buscó referencias de su paradero y, según comentaron, se enteraron que estaba privado de libertad en Guantanamo Bay, una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, pero para finales de marzo ya no había información de Escobar en sistema penitenciario del país norteamericano.
Semanas después, la familia se enteró del convenio de envío de reos suscrito entre la Casa Blanca y el gobierno salvadoreño. Inmediatamente los parientes buscaron información de Élmer en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Además, su abogada interpuso un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en agosto pasado, pero en octubre los magistrados respondieron que se debía argumentar mejor la petición.
Por su lado, el 25 de septiembre la DGCP contestó que “según consta en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), la persona antes mencionada según nombre proporcionado, no posee registros penitenciarios”.
Élmer Escobar había emigrado a Estados Unidos 20 años atrás. Allí junto a su esposa había formado una familia con dos hijos y trabajó en un restaurante durante unos 10 años. Su familia permanece en el país norteamericano y en El Salvador reside una tía quien se ha encargado de su búsqueda.
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