La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 22 de septiembre medidas cautelares a favor los abogados de Ruth Eleonora López Alfaro y Salvador Enrique Anaya, tras considerar “que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador”.
Con respecto a la abogada, la CIDH pidió al Estado salvadoreño que adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la beneficiaria sean conforme a los estándares internacionales.
Además, solicitaron que cese la incomunicación prolongada con su familia y abogados, “se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos”, destacó la CIDH.
Rut López fue detenida el 18 de mayo de 2025 y desde su traslado al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco, el 4 de julio pasado se encuentra sin comunicación con su familia y abogados. La defensora de derechos humanos es acusada de enriquecimiento ilícito.
La solicitud que hizo la CIDH con el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, es similar y resaltaron la “protección reforzada que debe otorgársele como persona adulta mayor privada de su libertad”.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, el día de su audiencia inicial. Foto EDH / Francisco Rubio
Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 y desde que fue enviado a un centro penal se encuentra en una situación de incomunicación absoluta, “no se tendría certeza sobre su situación actual ni su condición de salud considerando sus padecimientos crónicos”, menciona la CIDH. El abogado es acusado del delito de lavado de dinero.
Según la Comisión, tanto López como Anaya, han impulsado acciones, denuncias y han brindado declaraciones sobre temas de alto interés público.
