La firma inglesa EMFI rebajó, en su informe más reciente sobre El Salvador, las proyecciones de crecimiento para la economía del país, la cual podría alcanzar el 3.0% al cierre de 2026, una cifra que es inferior al 3.2% que había previsto anteriormente y que se suma a otras proyecciones realizadas en los últimos meses por organismos internacionales.

En el documento, publicado el pasado 28 de mayo bajo el título Las presiones diferidas se avecinan, la firma también señaló que el promedio de inflación para este año en el país subirá del 1.4% al 2.4%, algo que va de la mano con los incrementos generales de precios que se han registrado en los primeros meses del año en el país.

En este sentido, EMFI explica que un crecimiento económico moderado, así como una inflación alta, podría implicar un incremento en los costos que debe enfrentar el gobierno en áreas como el pago de salarios, la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Esta combinación de factores, de hecho, podría dificultar el esfuerzo que el gobierno está realizando para estabilizar sus finanzas, todo en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la firma, estos esfuerzos fueron positivos en 2025, ya que el déficit fiscal (que es la diferencia entre lo que gasta e ingresa el Estado) pasó de representar el 2.5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, a un 0.5% al cierre de 2025, algo que estuvo impulsado por el aumento en la recaudación de impuestos y por una reducción del gasto corriente.

Esta variación en las proyecciones de crecimiento económico para el país ocurre en un momento en el que el país se ve afectado por el aumento de los precios internacionales de materias primas como el petróleo y sus derivados y, de hecho, tanto el FMI como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han advertido recientemente sobre una desaceleración de la economía, con proyecciones entre el 3.3% y el 3.4% a causa de, precisamente, las tensiones económicas globales provocadas por la guerra en Irán.

Por otro lado, la firma considera que, a la fecha, el principal desafío para las finanzas públicas salvadoreñas continúa siendo el sistema de pensiones pues, según sus cálculos, la deuda previsional alcanzó el equivalente al 30.6% del PIB en 2025 y representa alrededor de una tercera parte de toda la deuda pública del gobierno.

En este sentido, tal como lo han advertido otras entidades, la relevancia de las pensiones se basa en el fin del período de gracia que, desde 2023, le permitió al gobierno no abonar capital ni pagar intereses por el dinero que toma prestado de los fondos previsionales, un alivio que podría llegar a su fin el próximo año y que, con ello, añadirá más compromisos financieros para las cuentas del país.

Además, el informe también advierte que la proximidad de las elecciones podría añadir otras presiones sobre las cuentas públicas ya que, a juicio de la firma, conforme se acerquen esos procesos aumentarán los incentivos para expandir el gasto y la inversión pública, principalmente en áreas como la infraestructura y programas sociales, lo que podría dificultar la continuidad esas medidas austeras que ha implementado el Ejecutivo en los últimos años.