El Bitcoin mantiene su estatus legal en El Salvador, pero los datos sobre remesas, transacciones y uso por parte de la población reflejan una realidad diferente a la que se proyectó cuando la criptomoneda fue adoptada en 2021.
El Bitcoin mantiene su estatus legal en El Salvador, pero los datos sobre remesas, transacciones y uso por parte de la población reflejan una realidad diferente a la que se proyectó cuando la criptomoneda fue adoptada en 2021.

En junio de 2021, la criptomoneda más famosa a nivel global fue adoptada como moneda de curso legal en El Salvador, algo que se materializó a través de la Ley Bitcoin impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hoy, cinco años después, dicha ley ha perdido cada vez más relevancia, ha sido reformada y las cifras oficiales dan cuenta del poco uso que ha mantenido a lo largo de este lapso de tiempo.
Actualmente, y pese a que la ley continúa vigente, el Bitcoin ha desaparecido del discurso oficial del presidente, quien durante los primeros meses se dedicó a publicar de forma continua sobre el criptoactivo. No obstante, el último mensaje relacionado con este activo digital que compartió el presidente data de septiembre de 2025 y el penúltimo, de marzo de 2024.
Este bajo perfil con el que se maneja lo relacionado a la Ley Bitcoin podría estar relacionado con la inclinación de esfuerzos que ha impulsado el gobierno hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, todo en un contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permite al Ejecutivo aspirar a un programa de asistencia financiera por hasta $1,400 millones.
En el marco de este programa, el cual se mantiene estancado debido a una serie de retrasos, el país reformó la Ley Bitcoin a principios del año pasado y, con ello, cumplió parte de los compromisos adquiridos con el Fondo, como lo es retirar la obligatoriedad de la criptomoneda, incluyendo la disminución de la participación del gobierno en las inversiones relacionadas con este tipo de activos.
Este recorrido que ha traído la ley, que nació con la intención de que en el país se adoptara en transacciones diarias, refleja el poco interés que la mayoría de salvadoreños mostró desde un inicio sobre el Bitcoin. De hecho, el impacto apenas se percibió en uno de los indicadores más importantes y que, en teoría, más se iba a beneficiar: Las remesas.
En agosto de 2021, algunos días antes de que la ley entrara en vigor, el presidente Bukele señaló a través de X que “nuestro pueblo paga $400 millones al año en comisiones por las remesas. Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee). También está la ventaja de no tener que cargar efectivo. Más seguro y más práctico”.

Este anuncio acompañaba a otro más grande, como lo era la creación de la billetera estatal Chivo Wallet, la cual incluso ofreció un bono de bienvenida de hasta $30 a los usuarios nuevos, todo para masificar su uso. Sin embargo, ni Chivo Wallet ni las remesas en Bitcoin lograron despuntar entre las preferencias de los salvadoreños.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), los salvadoreños de la diáspora sí usan la billetera virtual para enviar remesas a sus familias, sin embargo, es una proporción diminuta en comparación con otras alternativas. Por ejemplo, solo en abril de 2026 el país recibió más de $851 millones en remesas, de ese total, solo $5.72 millones entraron a través de billeteras de criptomoneda.
De hecho, al revisar los datos desde septiembre de 2021, solo el mes de octubre de ese año registró un número significativo de remesas a través de esta vía, con hasta $17.9 millones, sin embargo, desde entonces las cifras se han mantenido relativamente bajas.
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Aún así, y pese a la poca aceptación que la población ha venido mostrando sobre el Bitcoin, el gobierno continúa ejecutando su estrategia de comprar un Bitcoin al día con fondos públicos, una medida que inició casi en paralelo con la vigencia de la Ley y que, a la fecha, acumula más de 7,672 monedas valoradas en más de $487.5 millones.
Esto, según análisis de firmas internacionales, va en detrimento del acuerdo con el FMI y, de hecho, aumenta el riesgo de que el programa con el multilateral colapse. Según los informes, las compras de Bitcoin y los retrasos en la reforma al sistema de pensiones son los aspectos que mantienen frenado el avance del acuerdo.
Por su parte, el Bitcoin lucha por mantenerse a flote en los mercados de intercambio, con un precio que fluctúa entre los $60,000 $61,000, una cifra que representa apenas la mitad de los valores históricos que alcanzó en octubre de 2025, cuando sobrepasó los $126,200 por cada moneda. Desde entonces, su valor ha ido cayendo y reaccionando a las coyunturas económicas mundiales.
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