El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró que el Ejecutivo ha dado nuevas directrices a los bancos sobre el otorgamiento de préstamos a extranjeros que no cuenten con autorización para trabajar en el país, como parte de su campaña para prevenir el fraude al sistema financiero.

Las nuevas directrices, emitidas por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), aconsejan a las instituciones financieras identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos crediticios otorgados a indocumentados.

«Esta administración no tolerará el abuso flagrante de nuestro sistema financiero, ni permitirá los riesgos que conlleva extender servicios financieros a extranjeros en situación irregular», dijo Bessent en una reunión con banqueros en Phoenix (Arizona).

El secretario aseguró que Arizona sigue estando «singularmente expuesto» a las repercusiones de la crisis migratoria que afectó la frontera en años pasados.

Sin embargo, explicó que la Administración del presidente Donald Trump ha actuado con rapidez para erradicar el fraude y las tramas financieras perpetradas por personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

“Aquí en Arizona, su vigilancia es especialmente vital”, subrayó el jefe del Tesoro estadounidense en su discurso.

En su llamado a los banqueros a colaborar, el secretario dijo que la Casa Blanca depende de que las instituciones financieras identifiquen y reporten patrones sospechosos antes de que se conviertan en delitos financieros.

En ese sentido, resaltó las directrices emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para ayudar a las instituciones a identificar esquemas que implican empleo ilegal, intermediarios laborales, empresas fantasma, evasión de impuestos sobre la nómina, robo de identidad y otras formas de explotación financiera.

“Estamos aplicando la misma determinación con la que aseguramos la frontera para proteger nuestro sistema financiero”, aseguró.

La iniciativa hace parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en mayo pasado, la cual instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios federales a endurecer la supervisión de la actividad financiera vinculada al empleo no autorizado.