Las discusiones entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan, según confirmó a El Diario de Hoy la oficina de prensa del organismo, la cual señaló que los equipos técnicos siguen trabajando hacia un acuerdo a nivel de personal para la siguiente evaluación del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $1,400 millones, al que accedió el país desde inicios del año pasado.

No obstante, dichas conversaciones aún no logran un cierre concreto para la segunda revisión que debe realizar el programa y que debió haberse completado en septiembre del año pasado, según el calendario del acuerdo. Todo esto ocurre en un contexto en el que el organismo reitera que el diálogo sigue enfocado en tres áreas clave: la reducción del déficit fiscal, el avance en reformas estructurales y el fortalecimiento de la transparencia, incluyendo las operaciones relacionadas con Bitcoin y la anunciada reforma al sistema de pensiones. Hasta el momento, el Fondo no ha brindado una fecha para la publicación de esta segunda revisión.

En este sentido, cabe señalar que hasta la fecha se han presentado varios retrasos en el marco del acuerdo. Además de la falta de la segunda revisión, el gobierno aún no ha presentado la propuesta de reforma al sistema de pensiones solicitada por el organismo, cuyo plazo venció el 10 de febrero pasado. Esto, en términos prácticos, podría representar un factor de presión para las finanzas públicas del país, ya que el incumplimiento de esos compromisos, según especialistas, podría derivar en una ruptura del acuerdo entre el país y el organismo. Este escenario podría trasladarse al costo de la deuda que El Salvador coloca en los mercados internacionales, específicamente al eurobono de $1,000 millones emitido en abril de 2024.

PUEDES LEER: La inflación repunta en febrero y encarece nuevamente la comida en El Salvador

El economista Rafael Lemus advierte que el cronograma del SAF ya presenta desfases importantes, pues la segunda evaluación del programa sigue pendiente y la tercera revisión, programada para marzo de 2026 según el calendario oficial del FMI, difícilmente será aprobada en el tiempo estipulado.

Ese calendario forma parte del programa aprobado por el organismo, el cual establece revisiones periódicas condicionadas al cumplimiento de ciertas metas, las cuales permiten liberar nuevos desembolsos dentro del acuerdo de asistencia financiera. Por ello, los atrasos no solo afectan los plazos, sino también la forma en que se ejecuta el financiamiento.

Según Lemus, este incumplimiento no necesariamente se traduce en una ruptura del acuerdo, pues para darlo por terminado se requeriría una comunicación oficial del organismo. Sin embargo, el hecho de que las evaluaciones no se cumplan en tiempo ya envía señales que los mercados suelen interpretar con cautela, sobre todo en un contexto en el que el país depende del financiamiento externo.

A lo anterior se suma que el FMI no solo evalúa el cumplimiento de fechas, sino también el avance en los compromisos. En ese sentido, el economista considera que el problema no es únicamente el retraso, sino la falta de avances claros en medidas estructurales que forman parte del programa, lo que incrementa las dudas sobre la disposición del Gobierno para cumplir con lo pactado.

Incumplimientos y presión sobre los bonos

Más allá del calendario, el efecto más inmediato de estos incumplimientos podría reflejarse en el comportamiento del bono de abril de 2024, el cual depende de las condiciones macroeconómicas y del respaldo que brinda el acuerdo con el FMI. De hecho, alcanzar un acuerdo con el Fondo antes de octubre de 2025 garantizaba que el pago de intereses a los tenedores de esos bonos se mantuviera en 9.25% anual; sin embargo, la ausencia de dicho acuerdo implicaría un pago adicional de 4% en intereses a los inversionistas, como compensación por el mayor riesgo.

Lemus coincide en que el incumplimiento de las condiciones del FMI podría encarecer estos bonos y explica que, en 2024, la sola expectativa de un acuerdo con el organismo fue suficiente para mejorar la percepción de riesgo del país. Desde que se anunció un entendimiento a nivel técnico y se concretó el programa, las calificaciones mejoraron y el gobierno logró acceder a financiamiento en mejores condiciones.

Ese contexto permitió que el país colocara deuda con tasas más favorables y mayor interés por parte de inversionistas. Sin embargo, en el contexto actual de incumplimiento de condiciones, ese escenario podría revertirse si el mercado percibe que el acuerdo pierde vigencia o que el gobierno no está cumpliendo con los compromisos adquiridos.

«Si los mercados se dan por enterados de que ese acuerdo no continuó y que el gobierno incumplió, no dudemos de que las calificaciones volverán a caer», advierte el economista. En ese caso, los bonos salvadoreños tendrían que ofrecer mayores rendimientos para compensar el riesgo, lo que se traduce en una deuda más cara.

Por ejemplo, con la tasa de interés a la que se negoció el cupón de ese bono, el gobierno paga alrededor de $92.5 por cada $1,000 a los inversionistas, mientras que, con el aumento de la tasa, ese monto podría subir a $132.50 por cada $1,000. Esto se traduciría en aproximadamente $132 millones adicionales que el gobierno podría pagar por el eurobono colocado hace dos años, aunque solo si el acuerdo con el Fondo termina por romperse.

En este contexto, los incumplimientos, según Lemus, van más allá de los plazos. Por ejemplo, menciona que la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal, otro de los compromisos adquiridos por el país en el marco del SAF, se presentó con retraso y con metas poco exigentes. Asimismo, el estudio actuarial sobre el sistema de pensiones no fue realizado por una entidad independiente del gobierno, lo que le resta credibilidad.

Por otro lado, algunos análisis, como el presentado por la firma EMFI el mes pasado, advierten que la reforma al sistema previsional está condicionada por el calendario electoral, por lo que las señales apuntan a que el proyecto podría posponerse hasta después de las elecciones del próximo año.

Ante esto, Lemus considera que este tipo de decisiones cambia por completo la lógica del acuerdo, ya que las reformas más importantes suelen ejecutarse al inicio o a la mitad del programa, cuando aún existe margen de presión por parte del organismo. Dejarlas para el final reduce los incentivos para cumplir y debilita la efectividad del acuerdo. «Las cosas críticas no se dejan para el final», insiste Lemus, al tiempo que señala que, cuando la mayor parte de los recursos ya ha sido desembolsada, el FMI pierde capacidad de exigir ajustes estructurales.