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BCIE aprueba préstamo de $150 millones para renovar infraestructura deportiva en El Salvador

Es el segundo financiamiento que el organismo otorga al país para mejoramiento de escenarios deportivos

Estadio Óscar Quiteño, casa de FAS. Foto / Archivo

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este 20 de enero que aprobó un financiamiento por $150 millones a El Salvador para el Programa de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a nivel nacional (PRODEPORTE II), que transformará la infraestructura deportiva en el interior del país.

«Este programa da continuidad a la estrategia nacional que inició con el PRODEPORTE I, el cual recibió un financiamiento del BCIE por US$115.2 millones para la renovación y modernización de escenarios deportivos en el Área Metropolitana de San Salvador. Estas intervenciones permitieron que el país cumpliera con los estándares internacionales para ser sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, dejando como legado una infraestructura deportiva moderna y de clase mundial», dice el comunicado del Banco.

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En esa oportunidad, se renovaron instalaciones deportivas nacionales, como el Estadio Jorge «El Mágico» González y el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, entre otros.

PRODEPORTE II «representa un paso fundamental en la descentralización geográfica del desarrollo deportivo salvadoreño», dice el boletín y que contempla la modernización y reconstrucción de 13 escenarios deportivos distribuidos en nueve departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán.

Entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

«Esta iniciativa ampliará significativamente la cobertura territorial, garantizando instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, con estándares de calidad internacional para atletas, estudiantes y comunidades», según el BCIE.

Para que el gobierno pueda tener acceso a esos fondos, tiene que contar con la autorización de la Asamblea Legislativa para suscribir el contrato de préstamo y luego un decreto de ratificación del préstamo.

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