Por: Marsh Fonseca / Evelyn Alas

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha admitido formalmente la solicitud de autorización para la constitución de una nueva entidad denominada Administradora de Fondos de Pensiones Cuscatlán S.A. Este procedimiento administrativo, fundamentado en la Ley Integral del Sistema de Pensiones, marca el inicio de una fase de evaluación técnica y legal que busca ampliar la oferta de gestión en el mercado previsional del país.

Actualmente, la administración de los ahorros para la jubilación se encuentra bajo la gestión de dos operadoras privadas, por lo que la posible incorporación de un nuevo actor representa una evolución en la estructura del sector tras años de estabilidad en el número de participantes.

La documentación presentada ante el ente regulador detalla que la propiedad de la futura administradora recae casi en su totalidad en una de las instituciones financieras con mayor trayectoria en el mercado local.

El capital social de la nueva sociedad pertenece en un 99.9 % a un grupo inversor de alcance regional que ya posee una presencia consolidada en áreas estratégicas como la banca comercial, el mercado de seguros y el otorgamiento de créditos hipotecarios. La composición accionaria de este grupo gestor integra capitales de origen salvadoreño y panameño, cumpliendo con los requisitos de transparencia que exige la normativa para las instituciones que manejan fondos de terceros.

Impacto en la gestión de fondos y cobertura previsional

La entrada de una nueva entidad ocurre en un momento en que el sistema previsional salvadoreño gestiona un patrimonio que supera los 13,000 millones de dólares en ahorros acumulados. La legislación vigente establece que la incorporación de un nuevo administrador debe pasar por un periodo de escrutinio público de 15 días hábiles, permitiendo que cualquier persona presente objeciones documentadas sobre la idoneidad legal de los solicitantes.

Este mecanismo de control busca garantizar que las entidades responsables de la seguridad social cumplan con estándares de solvencia y ética profesional. Una vez finalizado este plazo y tras el análisis técnico correspondiente, la Superintendencia dispone de 30 días hábiles para emitir una resolución definitiva que permita el inicio de operaciones.

Desde una perspectiva de mercado, la ampliación en la oferta de administradoras de fondos de pensiones introduce una dinámica de mayor competencia que suele beneficiar a los cotizantes. Esto incluye la posibilidad de acceder a mejores canales de atención al cliente, el desarrollo de plataformas digitales más eficientes para la consulta de estados de cuenta y la diversificación en las estrategias de administración de las cuentas individuales. Para los trabajadores y pensionados, contar con una opción adicional de gestión facilita la toma de decisiones basada en la calidad del servicio y la transparencia en la comunicación de los resultados financieros.

No obstante, la expansión del sistema a través de nuevos administradores enfrenta el reto estructural de la baja cobertura en el país.

Datos recientes obtenidos de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera del Banco Central de Reserva (BCR) indican que solo el 20.1 % de la población salvadoreña realiza ahorros específicos orientados a la vejez. De este porcentaje minoritario que logra ahorrar, la gran mayoría, equivalente al 82.9 %, utiliza el sistema de las AFP como su principal mecanismo de previsión.

El resto de la población se encuentra fuera del sistema de cotizaciones principalmente por factores vinculados a la informalidad laboral, que afecta al 63.7 % de quienes no ahorran para su jubilación, sumado a un 11.8 % que manifiesta insuficiencia de ingresos mensuales para realizar este aporte.

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La solicitud de constitución para esta nueva administradora coincide con un periodo de transición normativa, pues se prevé que en el primer trimestre de 2026 se presenten ajustes técnicos al sistema previsional para mejorar su sostenibilidad.

En este entorno, la aprobación final de la nueva AFP permitiría al grupo financiero solicitante consolidar su portafolio de servicios bajo una sola marca integral, ofreciendo a los afiliados la posibilidad de gestionar sus activos de largo plazo en una institución con respaldo nacional e internacional.

De concretarse el aval, la entidad iniciará las fases de implementación operativa para captar cotizantes y gestionar nuevas cuentas de ahorro.