En agosto de 2006, la incautación de manuscritos del compositor Mangoré en Paraguay desató un litigio internacional. Veinte años después, el guitarrista mangoreano salvadoreño Ramsés Calderón aún afronta el impacto de aquel polémico operativo.
En agosto de 2006, la incautación de manuscritos del compositor Mangoré en Paraguay desató un litigio internacional. Veinte años después, el guitarrista mangoreano salvadoreño Ramsés Calderón aún afronta el impacto de aquel polémico operativo.

«Ese es un ladrón». De esta forma se refirió un respetable intelectual salvadoreño residente en Europa al guitarrista, compositor e investigador cultural Ramsés Calderón, tras conocer de la visita a El Salvador de Héctor Mangoré Leguizamon, nieto del genio paraguayo de la guitarra Nitsuga Mangoré, para visitar la tumba de su célebre abuelo, en 2024.
Calderón lo acompañó en su travesía, junto a otros especialistas del genio paraguayo.
Su comentario fue provocado por lo que fue uno de los episodios más difíciles que el canadiense-salvadoreño vivió en Sudamérica, en su anhelo de recuperar, proteger y difundir el legado de quien fue el maestro de sus profesores de guitarra y su ídolo.
Fue en agosto de 2006 que la justicia y la prensa paraguaya registraron una de las polémicas patrimoniales más severas de la historia reciente de la música del sur de América.
Ramsés Calderón -radicado en Canadá- fue procesado por las autoridades de Asunción tras intentar adquirir un lote de manuscritos, partituras y objetos personales del célebre compositor Agustín Pío Barrios Ferreira «Mangoré» (1885-1944).

A dos décadas de aquel suceso, los archivos de El Diario de Hoy y de medios paraguayos como ABC, La Nación, Última Hora y Popular permiten reconstruir los argumentos de las partes involucradas.
La controversia estalló entre el 4 y 5 de agosto de 2006. Por orden judicial y bajo la dirección de la agente fiscal Teresa Martínez, la policía e investigadores del Ministerio Público de Paraguay allanaron la vivienda del guitarrista y recopilador paraguayo Cayo Sila Godoy (1919-2014), ubicada en la ciudad de Asunción.
Durante el procedimiento se incautaron aproximadamente 100 partituras originales, fotografías, cartas y documentos personales de Mangoré, que resguardaba el maestro Godoy.
Según reportó el diario Última Hora el 6 de agosto de 2006, la Fiscalía actuó tras una denuncia que alertaba sobre la venta inminente del acervo a un comprador extranjero y su posterior traslado a Canadá.

Las autoridades fundamentaron la incautación en la protección del patrimonio cultural de la nación, amparándose en la Ley 946/92 de Bienes Culturales, la cual prohíbe la extracción no autorizada de objetos de valor histórico y artístico.
Vale aclarar que la ley citada por el medio local es la Ley N° 946/82 «De Protección a los Bienes Culturales» que fue promulgada el 22 de octubre de 1982 por la Dirección General de Bienes Culturales. Su objetivo principal era registrar, proteger, conservar y evitar la salida ilícita del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación. «Nota importante: Esta ley se encuentra derogada y fue reemplazada por la Ley Nº 5621/2016 «De Protección del Patrimonio Cultural», según el sitio de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay.
El periódico ABC de Paraguay detalló que, durante el operativo, las autoridades hallaron un recibo de un pago inicial por 15.000 dólares estadounidenses emitido a favor de Sila Godoy por parte de Ramsés Calderón, actuando en representación de la Red Cultural Arts Association de Toronto.
Frente a las acusaciones de intento de extracción ilegal, Ramsés Calderón defendió la legalidad y transparencia de sus acciones en declaraciones brindadas a la prensa de Asunción.
En una entrevista concedida al ABC, el 7 de agosto de 2006, bajo el titular «Quiero aclarar que no vine a robar», el investigador salvadoreño sostuvo que su propósito nunca fue sustraer ilegalmente las obras, sino catalogar, restaurar y resguardar un legado que consideraba en riesgo de deterioro.

Calderón explicó que había acordado con Sila Godoy la compra del archivo por un monto total de $50.000 (de los cuales ya había adelantado $15.000) con fondos provenientes de instituciones culturales y aportes personales.
El músico salvadoreño afirmó que el objetivo era crear un museo especializado y una escuela de guitarra dedicada a la enseñanza del método de Barrios en Canadá, manteniendo copias microfilmadas y digitales a disposición de la comunidad investigadora mundial.
«No he cometido ni un delito, no me siento culpable de nada… Mangoré es mi vida», declaró a La Nación el 8 de agosto de 2006, señalando que la transacción se realizó de forma abierta e informada, de forma transparente.
Asimismo, la comunidad de músicos salvadoreños respaldó públicamente la trayectoria de Calderón. Según nota de ABC del 11 de agosto de 2006, gremios y promotores culturales de El Salvador expresaron su apoyo al investigador, destacando su labor de años en el rescate de la música del maestro Mangoré y de la memoria sonora centroamericana.
El caso tomó un giro mediático complejo al involucrar a Cayo Sila Godoy, reconocido guitarrista paraguayo que dedicó más de cinco décadas a recopilar materiales de Mangoré alrededor de América Latina. Algunos de esos manuscritos fueron adquiridos en San Salvador, El Salvador.

Tras la incautación, Godoy declaró a La Nación y Última Hora que aceptó vender los documentos porque requería fondos para cubrir gastos médicos de su avanzada edad y ante la falta de apoyo estatal histórico para la creación de un museo en Paraguay.
Sin embargo, el anuncio de la venta generó tensiones familiares e institucionales. Tania Godoy, hija del músico, interpuso un recurso de amparo argumentando que su padre, de 86 años, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar el contrato, que finalmente no procedió.
Por su parte, la Fundación y el Centro Cultural de la República «El Cabildo», dirigidos por Margarita Morselli, intervinieron para negociar la permanencia de los documentos en suelo paraguayo.
El 8 de agosto de 2006, la prensa paraguaya informó que el Congreso Nacional, a través de la Fundación El Cabildo, acordó comprar el archivo a Sila Godoy por un monto de 90 millones de guaraníes (equivalentes a 15.000 dólares de la época) para ser depositado en el Museo de la Música del Centro Cultural El Cabildo. Por su parte, Ramsés Calderón permaneció por varias semanas en espera de que se le reembolsara el adelanto entregado a Godoy.
El desenlace del litigio permitió que el Estado paraguayo retuviera las partituras e inscripciones de Agustín Barrios. No obstante, el manejo mediático y judicial del caso generó un intenso debate sobre las políticas públicas de conservación patrimonial en Paraguay, tal como analizó el periodista Antonio V. Pecci en una columna de opinión para Última Hora el 12 de agosto de 2006, titulada «Sila Godoy, de héroe a villano».

Para Ramsés Calderón, el episodio representó uno de los episodios más oscuros de su carrera investigativa. Pese a que se desestimaron los cargos en su contra, la cobertura periodística de la época le otorgó una notoriedad internacional con matices encontrados. Y a la fecha, aún arrastra las consecuencias en detrimento de su persona.
Mientras en Paraguay la acción fiscal fue calificada como un rescate patrimonial, en el ámbito de la investigación musical independiente el hecho evidenció las dificultades que enfrentan los gestores privados para preservar fondos históricos.
Pese a todo, desde Canadá, Calderón ha continuado su labor de rescate del patrimonio musical salvadoreño y latinoamericano, llevando consigo la marca de uno de los capítulos más sonados en la historiografía de Mangoré.
A día de hoy, en Paraguay las aguas se calmaron, pero el caso quedó en el aire, según palabras de Ramsés Calderón a eldiariodehoy.com, que finalmente perdió lo invertido en el archivo de Godoy. «… todo quedó al aire, yo perdí el dinero, aunque el juez en su tiempo dijo que las cosas volverían a su estado natural. Se hizo lo imposible para ello».
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