Recientemente escuché a Ronald Umaña y a Marvin Aguilar, entre otros, referirse a los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos como “diasporos”. La expresión me llamó la atención. Que provenga de alguien tan leído como Marvin Aguilar me sorprendió aún más, porque la palabra “diásporos” simplemente no existe en español. Lo tomé como una expresión despectiva, semejante a la forma en que antes algunos mexicanos se referían a los mexicoamericanos como “desarraigados”. Al igual que la diáspora mexicana, la diáspora salvadoreña desempeña un papel fundamental en el sostenimiento económico de su país de origen. Las remesas de sus compatriotas en Estados Unidos representan una de las principales fuentes de ingresos nacionales.

Desde los Años Setenta y, con mayor fuerza, durante los Años Ochenta, quienes llegamos a Estados Unidos de niños o nacimos aquí comenzamos a identificarnos como la diáspora salvadoreña. No fue una palabra escogida al azar. Fue una denominación reflexionada que buscaba describir la realidad de cientos de miles de salvadoreños que abandonaron su país, muchos de ellos huyendo de la violencia, la represión o la falta de oportunidades; que, vilipendiados, llegaron a este país a partir de los Años Setenta y que terminaron dispersos por distintas ciudades de Estados Unidos y del mundo. Incluso los conceptos de TPS, Santuario y Ciudades Hermanas con El Salvador provinieron de los salvadoreños que llegamos antes de los años setenta.

El Movimiento Santuario se inició en 1982 en Berkeley, California. Surgió de la colaboración entre líderes salvadoreño-estadounidenses, iglesias cristianas y sinagogas judías que se movilizaron en apoyo de los refugiados salvadoreños que huían de la guerra civil en El Salvador. La comunidad salvadoreño-estadounidense desempeñó un papel central en la construcción de la red nacional de solidaridad que sustentó el movimiento. Los refugiados salvadoreños contribuyeron decisivamente a la expansión del Movimiento Santuario mediante sus testimonios y su participación directa, dando visibilidad a la realidad de la guerra y la persecución en El Salvador. Antes, al movimiento se le conocía como “Safe Haven”, nombre que originalmente le dieron los salvadoreños organizados en lo que posteriormente se llamarían CARECEN y El Rescate, las organizaciones de la diáspora más antiguas e importantes en EEUU. El TPS se logró inicialmente mediante el Acuerdo ABC en 1991 en San Francisco, California.

La diáspora salvadoreña y el TPS no fueron inventados por ningún gobierno ni por ningún presidente. Mucho menos por una campaña diplomática o de relaciones exteriores. Ni por ningún partido político. La expresión surgió de la propia comunidad salvadoreña establecida en Estados Unidos desde la década de 1940 y adquirió fuerza durante los años setenta y ochenta, cuando cientos de miles de compatriotas se vieron obligados a abandonar su país y construir una nueva vida en el exterior. Fueron los propios salvadoreños quienes comenzaron a utilizar el término diáspora para describir una comunidad dispersa geográficamente, pero unida por una identidad, una cultura y un vínculo permanente con El Salvador.

La Amnistía de 1986 (IRCA), firmada por Ronald Reagan, legalizó a una primera oleada de salvadoreños. Posteriormente, el representante Joe Moakley y el senador Dennis DeConcini, con el apoyo del asesor legislativo Jim McGovern, lideraron la iniciativa bipartidista conocida como Moakley-DeConcini, que culminó con la creación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en la Ley de Inmigración de 1990.

Cuando a finales de los Años Ochenta y principios de los Noventa el Gobierno de los Estados Unidos reconoció la situación excepcional de los salvadoreños mediante mecanismos como el Acuerdo ABC (American Baptist Churches v. Thornburgh) y las protecciones temporales otorgadas a quienes huían de la guerra civil, las autoridades no estaban creando el TPS ni una diáspora. El TPS y la diáspora ya existían. Lo que ocurrió fue el reconocimiento legal de una realidad humana y social que la propia comunidad salvadoreña había construido durante décadas. El acuerdo ABC de 1990 otorgó importantes protecciones migratorias a salvadoreños y guatemaltecos y permitió a miles de familias estabilizar su situación en Estados Unidos. La demanda fue presentada el 7 de julio de 1985 por organizaciones religiosas y de servicios a refugiados, junto con dos inmigrantes indocumentados, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, alegando discriminación contra los solicitantes de asilo salvadoreños y guatemaltecos. Conforme al acuerdo, los salvadoreños que ingresaron a Estados Unidos el 19 de septiembre de 1990 o antes podían calificar como miembros de la clase ABC si cumplían los requisitos de registro. El acuerdo otorgó a los salvadoreños y guatemaltecos elegibles una nueva revisión de sus solicitudes de asilo, protección contra la deportación mientras se consideraban sus casos, ciertas protecciones en materia de detención y elegibilidad para obtener autorización de trabajo.

El caso se resolvió mediante un acuerdo en 1990, que el juez Robert Peckham aprobó en ese mismo tribunal el 31 de enero de 1991. Entre los abogados de los demandantes figuraban Marc Van Der Hout y Deborah Smith, del National Lawyers Guild, junto con el despacho Morrison & Foerster, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y otros. Marc Van Der Hout es un amigo cercano de los salvadoreño-estadounidenses en San Francisco. Esa ciudad alberga la comunidad salvadoreña más antigua de Estados Unidos, que se remonta a la década de 1940, cuando llegaron salvadoreños para apoyar el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. Es una comunidad mayoritariamente de clase media y plenamente integrada en la sociedad estadounidense. Los estudiantes universitarios salvadoreños del Área de la Bahía participaron en el movimiento por los derechos civiles y se manifestaron a favor de la paz durante la guerra de Vietnam. Por eso desempeñó un papel tan importante en la construcción del Movimiento Santuario y de la red de solidaridad.

El TPS tampoco fue una concesión lograda por el gobierno de Francisco Flores. En 1989, el senador Edward “Ted” Kennedy presentó en el Senado de los Estados Unidos el proyecto de ley que se convirtió en la Ley de Inmigración de 1990, la cual creó el Estatus de Protección Temporal (TPS) y lo otorgó específicamente a los salvadoreños que huían de la guerra civil. La ley fue firmada por el presidente George H. W. Bush el 29 de noviembre de 1990, casi una década antes de que Francisco Flores asumiera la presidencia de El Salvador en 1999.

El TPS no surgió de una iniciativa impulsada por el gobierno salvadoreño, sino de décadas de organización, defensa y movilización política de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y de sus aliados en el ámbito religioso, comunitario y legislativo. Fue el resultado de un proceso histórico iniciado por la diáspora salvadoreña mucho antes de que el TPS se convirtiera en ley.

Ese proceso culminó con la Ley de Ajuste Nicaragüense y de Alivio Centroamericano (NACARA, por sus siglas en inglés: Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y promulgada el 19 de noviembre de 1997. Para la comunidad salvadoreña, NACARA fue importante porque ofreció alivio migratorio especial a ciertos salvadoreños, guatemaltecos y otros grupos que habían llegado a Estados Unidos años antes y que enfrentaban la deportación. En el caso de los salvadoreños, NACARA cubría, entre otros, a quienes habían entrado a Estados Unidos antes del 19 de septiembre de 1990 y se habían registrado para los beneficios del Acuerdo ABC o habían solicitado TPS dentro de los plazos establecidos, así como a quienes habían solicitado asilo dentro de las fechas requeridas.

La secuencia histórica es clara: primero, la guerra civil en El Salvador y la llegada de refugiados en los Años Ochenta; después, el Movimiento Santuario y las campañas de solidaridad; luego, el litigio American Baptist Churches v. Thornburgh y el Acuerdo ABC de 1990-1991; y, finalmente, la aprobación de NACARA en 1997, que creó una vía especial de alivio migratorio para muchos salvadoreños y guatemaltecos que ya estaban protegidos o cubiertos por procesos anteriores. Desde una perspectiva histórica salvadoreña, muchos consideran a NACARA la culminación de más de una década de organización comunitaria, esfuerzos legales y movilización política impulsados por los refugiados, la comunidad salvadoreño-estadounidense y sus aliados religiosos y de derechos humanos. El Acuerdo ABC abrió una puerta importante; NACARA amplió y consolidó las protecciones para muchos de esos mismos grupos. La aprobación de NACARA en 1997 representó una de las victorias legislativas más importantes para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, al ofrecer protección contra la deportación y una vía hacia la residencia permanente para miles de salvadoreños que habían huido de la guerra civil.

Por ello, resulta históricamente incorrecto atribuir el origen o la legitimidad del concepto del TPS y la diáspora salvadoreña al gobierno del presidente Francisco Flores. Su administración pudo haber incorporado el término al discurso oficial y contribuido a fortalecer los vínculos con los salvadoreños en el exterior, pero la expresión ya era ampliamente utilizada por organizaciones comunitarias, iglesias, medios de comunicación, asociaciones cívicas y líderes salvadoreño-estadounidenses mucho antes. El TPS y la diáspora no nacieron en los despachos gubernamentales; nacieron en las comunidades de inmigrantes y refugiados que construyeron una nueva vida lejos de su tierra natal.

Somos la diáspora salvadoreña porque somos una comunidad dispersa que conserva su identidad colectiva. Ese significado tiene raíces históricas, jurídicas y culturales. Por eso somos la diáspora, no “diasporos”. Las palabras importan, y nuestra historia merece ser nombrada correctamente.

El término tiene una larga historia. Proviene del griego diasporá, que significa dispersión o esparcimiento. Durante siglos estuvo asociado principalmente a la dispersión del pueblo judío fuera de su tierra de origen. Para el pueblo judío, la diáspora no fue solo un fenómeno geográfico, sino una experiencia religiosa y moral: el destierro y la persecución, desde el exilio en Babilonia hasta la dispersión que siguió a la destrucción del Templo de Jerusalén, no disolvieron su identidad; la fe, la memoria y la esperanza del retorno la mantuvieron viva. Con el tiempo, su significado se amplió para describir a cualquier comunidad que vive fuera de su país o región de origen, pero que conserva una identidad colectiva y mantiene vínculos culturales, familiares, económicos o emocionales con esa tierra.

Eso es precisamente lo que somos los salvadoreños que vivimos en el exterior. Somos una comunidad dispersa que mantiene una relación permanente con El Salvador. Seguimos sus acontecimientos, ayudamos a nuestras familias, apoyamos iniciativas comunitarias, preservamos nuestras tradiciones y transmitimos nuestra cultura a las nuevas generaciones. Somos, en el sentido exacto de la palabra, una diáspora.

Ese vínculo con la tradición judía no es solo etimológico. Los salvadoreños que huimos de la persecución y de la guerra encontramos refugio, en buena medida, gracias al movimiento Santuario, que nació de iglesias y sinagogas de Estados Unidos. El movimiento retomó un concepto profundamente bíblico: las ciudades de refugio que la ley mosaica establecía para proteger a quien huía, y la tradición del santuario como espacio sagrado donde el perseguido no puede ser alcanzado. Comunidades judías, conscientes de su propia historia de persecución y de exilio, se sumaron a esa causa. Así como el pueblo judío, perseguido y disperso, preservó su identidad en el exilio, la comunidad salvadoreña perseguida halló en ese movimiento de fe la protección que el sistema de asilo le negaba. Por eso, el concepto de diáspora salvadoreña está unido, desde su origen, a la dimensión religiosa del refugio y de la persecución.

Por ello resulta extraño que algunos intenten sustituir ese concepto por el inexistente término “diasporos”. No se trata únicamente de una cuestión lingüística. Las palabras importan porque reflejan cómo entendemos nuestra historia y nuestra identidad. “Diáspora” describe una condición histórica y social reconocida internacionalmente. “Diasporos” no describe nada; simplemente distorsiona un concepto que ha formado parte de la identidad de los salvadoreños en el exterior durante décadas.

También conviene aclarar otra idea equivocada que suele circular en El Salvador. Con frecuencia se asume que la diáspora está políticamente alineada con determinados partidos o movimientos. La realidad es mucho más compleja. Los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos no constituimos un bloque político homogéneo. Existen simpatizantes de Nuevas Ideas, del FMLN, de ARENA y de otras corrientes, pero ninguno de esos grupos representa por sí solo a la mayoría de la diáspora. La mayoría de los salvadoreños en el exterior no se involucra en los partidos políticos de El Salvador.

La gran mayoría de los salvadoreños en Estados Unidos estamos más preocupados por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro futuro en los lugares donde vivimos. Participamos en la vida económica, social y política de nuestras ciudades y estados. Nos interesa el bienestar de El Salvador, pero también, y mucho más, el de nuestras comunidades en San Francisco, Los Ángeles, Houston, Washington, Miami, Nueva York y muchas otras ciudades que se han convertido en nuestros hogares. Pero principalmente nos preocupa el bienestar de los EEUU, país del cual nos sentimos parte integral.

La diáspora salvadoreña no necesita nuevos nombres. Ya tiene uno, con una historia, un significado y una legitimidad construidos durante décadas. Somos la diáspora salvadoreña. No “diasporos”. Si la oposición salvadoreña quiere que la diáspora la apoye, debe comenzar por tratarnos con respeto y dignidad.

Las palabras tienen significado. Y nuestra historia merece ser nombrada correctamente.

Carlos E. Vela

Ingeniero-Científico

Miembro de la diáspora salvadoreña residente en Washington, D. C.