El Salvador prioriza inteligencia artificial al declarar de utilidad pública proyectos tecnológicos
El Salvador declaró de utilidad pública proyectos de inteligencia artificial y robótica, eximiéndolos de compras públicas y facilitando la llegada de expertos
Pantallas que muestran el logotipo de Grok, un chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI, la empresa estadounidense especializada en inteligencia artificial creada por el empresario sudafricano Elon Musk.. Foto /AFP
Tras su publicación en el Diario Oficial, fue oficializado el marco legal que declara de utilidad pública y prioridad nacional la ejecución de los Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y Otras Tecnologías Similares, así como las adquisiciones de bienes, obras, servicios, consultorías y licencias vinculadas a los mismos.
Con la emisión de este instrumento (Decreto No. 674), la Asamblea Legislativa estableció el régimen regulatorio especial que regirá las operaciones coordinadas por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
La disposición busca acelerar la modernización del Estado y el desarrollo científico del país mediante el despliegue de infraestructura, modelos y soluciones tecnológicas avanzadas.
Mediante su publicación en el Diario Oficial, se oficializó el Decreto No. 674, el cual establece un marco especial que cobija la adquisición de bienes, obras, servicios, consultorías y licencias vinculadas a la robótica y la inteligencia artificial.
Excepción a la Ley de Compras Públicas
Como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública, las contrataciones requeridas para la ejecución de estos proyectos quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Compras Públicas, su reglamento y normativas derivadas.
En su lugar, la ANIA podrá emplear el procedimiento de contratación directa, formalizado mediante resolución motivada y debidamente documentado para verificar la idoneidad del proveedor y la razonabilidad de los costos.
Esta vía de excepción aplicará bajo causales específicas contempladas en la ley, entre ellas:
La necesidad de servicios altamente especializados o tecnologías no disponibles en el país.
La existencia de un proveedor único o la requerida compatibilidad e interoperabilidad con sistemas tecnológicos determinados.
La compra de insumos dedicados a la investigación científica e innovación.
La contratación de expertos, asesores e investigadores nacionales o extranjeros cuya experiencia o confidencialidad resulte determinante.
Por su parte, los proyectos que cuenten con financiamiento de organismos o estados extranjeros se someterán a las condiciones y requisitos establecidos por la contraparte internacional.
Trámites expeditos y talento extranjero
Para facilitar la llegada de especialistas internacionales, la norma establece que los profesionales extranjeros contratados de forma exclusiva por la ANIA estarán exentos del trámite de homologación de títulos académicos en el país, bastando la acreditación apostillada de sus documentos de origen y la firma del contrato respectivo.
Asimismo, la Dirección General de Migración y Extranjería les otorgará residencia temporal de hasta dos años prorrogables, extendible a su grupo familiar.
Paralelamente, la ley faculta a entidades como el Centro Nacional de Registros (CNR), la Dirección General de Aduanas, municipalidades y la Dirección de Ordenamiento Territorial a emitir criterios ágiles para el otorgamiento de permisos de construcción, ambientales y de funcionamiento de la infraestructura tecnológica.
El régimen especial estipula que la Corte de Cuentas de la República mantendrá la facultad de realizar auditorías financieras, operacionales y de gestión sobre todos los fondos y procesos ejecutados al amparo de esta normativa.
Conforme a las disposiciones finales del decreto, la normativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación oficial en el Diario Oficial.
