Colocar objetos para reservar espacios en la vía pública puede ser sancionado, según la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro. / Foto IA
Pintar las cunetas de amarillo, colocar conos, barriles, sillas, macetas o encarar con amenazas a los conductores para evitar que personas ajenas se estacionen frente a una vivienda son prácticas cotidianas en colonias y barrios de El Salvador.
Detrás de estas acciones está la creencia arraigada de que el tramo de calle o cuneta que colinda con una casa o un negocio es «propiedad privada» del residente.
Sin embargo, esta costumbre choca de frente con el marco legal salvadoreño.
De acuerdo con el abogado penalista y especialista en garantías constitucionales, Alexander Escolán, la apropiación o reserva de espacios en la vía pública es completamente illegal.
La legislación nacional —que abarca el Código Civil, el Código Municipal, la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y las ordenanzas de convivencia ciudadana— establece que las calles y cunetas son bienes nacionales de uso público que nadie puede atribuirse en exclusividad.
«Apropiarse o decir que es suya la parte que linda, en el caso de las casas con la cuneta (…) eso es ilegal. Nadie puede apropiarse porque ese es un espacio público», aclara Escolán.
El jurista explica que la única restricción legítima que la ley impone a un automovilista en una zona residencial es no bloquear los accesos vehiculares directos, es decir, las entradas y salidas de portones residenciales o comerciales.
Fuera de esa obstrucción directa, cualquier ciudadano tiene derecho a aparcar de forma momentánea frente al muro o el frente libre de una propiedad privada sin que esto deba generar reclamos o represalias.
«Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, si tú tenés una salida de tu vehículo (…) no puedo taparte la salida de tu portón; pero ponerme en el lado de la cuneta que pasa enfrente de tu muro, donde no hay salida de nada, yo lo puedo hacer y eso no tendría que generarte ninguna incomodidad», enfatiza el especialista.
El contraste comercial y la comparación internacional
El problema de la reserva de espacios también se extiende al sector comercial.
Es habitual observar establecimientos que colocan rótulos declarando la acera o el carril frontal como «Exclusivo para clientes».
Escolán enfatiza que los comercios tampoco son dueños de la vía pública.
Si un restaurante o negocio requiere reservar espacio en la calle para la atención de sus clientes en horarios específicos, debe realizar un trámite formal ante el Viceministerio de Transporte (VMT) o la alcaldía correspondiente para solicitar un permiso temporal por horas, siempre que no entorpezca arterias principales de alto tráfico.
En el ámbito internacional, Escolán recuerda que países europeos como España o Francia manejan esquemas distintos.
En dichas legislaciones, los ciudadanos deben pagar una tasa municipal o impuesto específico al ayuntamiento para tener el derecho de exclusividad frente a su propio portón; de lo contrario, cualquier persona puede estacionar allí.
En El Salvador, por tradición y normativa básica, no se paga un impuesto por la cuneta, pero tampoco se puede impedir el parqueo de terceros si no se bloquea la salida del vehículo.
Un parque vehicular desbordado frente a infraestructuras finitas
El aumento de las disputas por estacionamiento coincide con un acelerado crecimiento del parque automotor en El Salvador, lo que deja al descubierto la falta de espacios para albergar a más de dos millones de vehículos.
Según datos oficiales del Registro Público de Vehículos Automotores, el parque vehicular vigente en El Salvador asciende a 2,158,431 unidades:
Vehículos (automóviles, autobuses y transporte de carga): abarcan el 65.11%, equivalentes a 1,405,400 unidades.
Motocicletas: representan el 34.89%, alcanzando las 753,031 unidades.
La presencia de automotores en los hogares salvadoreños queda reflejada en los resultados del VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda 2024, procesados por el Banco Central de Reserva (BCR).
De un universo de 1,920,668 hogares a nivel nacional, una parte representativa cuenta con transporte propio:
530,147 hogares tienen al menos un automóvil.
330,929 hogares disponen de al menos una motocicleta.
En muchas colonias diseñadas hace décadas con pasajes estrechos o sin cocheras amplias, las familias que poseen dos o más vehículos se ven forzadas a estacionar sobre la calle, disparando los roces entre vecinos.
Vehículos en abandono y cambios en normativas de construcción
Otro foco de tensión en las comunidades es la permanencia prolongada de autos en mal estado o varados en las arterias residenciales.
Ante esto, municipios como San Salvador Centro han implementado medidas amparadas en ordenanzas de convivencia ciudadana para notificar y remolcar vehículos en condición de abandono.
Escolán indica que, si bien existe autonomía municipal para ordenar el espacio público, la ley respalda el uso momentáneo de la calle, pero no la permanencia indefinida de unidades inservibles sobre la vía pública.
Mecanismos para la resolución de conflictos
Cuando las diferencias por un parqueo escalan a daños en la propiedad —como rayones de carrocería o ponchadura de llantas— o verbalizaciones agresivas, el especialista desaconseja la toma de justicia por mano propia o la confrontación directa.
Frente a la intolerancia vecinal, el abogado señala que el camino inicial para buscar una convivencia ordenada es la vía de la mediación comunitaria.
«Lo que tú puedes hacer es ir a un trámite ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las Oficinas de Solución Temprana de Conflictos, para tratar de negociar y mediar para llegar a un ordenamiento», concluye el especialista.
Las autoridades y especialistas hacen un llamado a la población a recordar que la calle no es una extensión de la propiedad privada y que el derecho a la movilidad y al uso de la vía pública debe prevalecer bajo el respeto de las normas de convivencia.
