El pasado 16 de septiembre, durante su discurso anual sobre el estado de la Unión, pronunciado en Estrasburgo ante el primer ministro canadiense, Mark Carney, Ursula von der Leyen propuso abrir el camino para que Canadá se convierta en el primer «miembro asociado» de la Unión Europea.

La iniciativa, acogida con una ovación por parte de los eurodiputados, se enmarca en un proyecto más amplio denominado «Alianza para el futuro», destinado a ir más allá del acuerdo comercial CETA, en vigor desde hace varios años, y a crear un «espacio común de prosperidad y seguridad económica».

La presidenta de la Comisión hizo hincapié en una visión compartida del mundo, desde la inteligencia artificial hasta el clima, pasando por el Ártico y la geopolítica, y en el apoyo conjunto a Ucrania, así como en la cooperación en materia de defensa, materias primas y cadenas de suministro. Los temas son numerosos: industria inteligente, alianza tecnológica, integración de las bases industriales de defensa, proyecto emblemático en el Ártico, energía, minerales críticos, baterías, IA, tecnologías cuánticas, ciberseguridad y seguridad económica. Ursula von der Leyen se aseguró de afirmar que esta asociación «no va dirigida contra nadie más, sino que busca nuestra fortaleza común».

El estatus de «miembro asociado» no existe en los tratados europeos. Por tanto, no se trata de una adhesión convencional —algo imposible, por otra parte, dado que Canadá no es un Estado europeo—.

Ottawa tampoco desea tal cosa: el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reiterado que no busca una adhesión plena, lo que implicaría ceder parte de la soberanía, sino una «alianza única» que permita llegar lo más lejos posible sin menoscabarla.

Al día siguiente, ante el Parlamento Europeo, el primer ministro canadiense elogió la ambición de Bruselas, calificándola de «faro para otras democracias», y detalló los ámbitos de cooperación deseados: minerales críticos, capacidades industriales de defensa, IA y computación, seguridad energética, espacio, pagos, comercio digital de bienes no agrícolas y servicios, así como vínculos humanos más estrechos, especialmente a través de Erasmus+ y los programas de investigación. Subrayó que Europa y Canadá no son aliados coyunturales y que no persiguen una lógica de suma cero. La idea no es formar un «tercer bloque» que rivalice con las grandes potencias, sino reforzar la resiliencia para que nadie pueda controlar los mercados abiertos, socavar la soberanía o amenazar la integridad territorial.

A finales de octubre está prevista una cumbre Canadá-UE en Montreal para definir el marco de la relación; sin embargo, en la práctica, el contenido aún está por determinar. Las opciones planteadas van desde un acuerdo de asociación ampliado hasta una integración sectorial inspirada en el modelo suizo o, incluso, a largo plazo, un acercamiento al mercado interior similar al de Noruega en el Espacio Económico Europeo, con el riesgo de convertirse en un mero «receptor de normas» sin derecho a voto.

Funcionarios europeos han señalado que, en una primera etapa, no habría derechos políticos ni libre circulación. Canadá ya ha dado un paso concreto al convertirse en el primer país no europeo en unirse al programa de préstamos para la defensa denominado SAFE. El contexto de las relaciones con Estados Unidos explica esta urgencia.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones comerciales transatlánticas se han deteriorado. Canadá, que destina cerca del 70 % de sus exportaciones a Estados Unidos, se enfrenta a elevados aranceles sobre el acero, el aluminio, la madera y el sector automotriz, al tiempo que las negociaciones comerciales han fracasado.

La Unión Europea, que también se enfrenta a los aranceles estadounidenses y al cuestionamiento del sistema comercial basado en normas, busca socios estables. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado de un «mundo abiertamente hostil» y de la necesidad de «reinventar urgentemente nuestras asociaciones».

La reacción estadounidense se centró en Trump. Al ser consultado el miércoles por la noche, el presidente calificó el proyecto de «ridículo» y a Canadá de «socio comercial terrible».

Amenazó diciendo: «Si hacen eso, si considero que se trata aunque sea de un solo acto hostil, impondré aranceles muy elevados o detendré el intercambio comercial con Europa respecto a numerosos productos». Añadió que, si la intención fuera buena, sería aceptable, pero que, si fuera mala, Washington impondría aranceles muy elevados a Europa.

La Comisión Europea respondió que el fortalecimiento de la asociación no iba dirigido contra nadie. El primer ministro Mark Carney insistió enérgicamente en que nadie dictaría a Canadá con quién aliarse ni cómo proteger su cultura y su soberanía, al tiempo que aseguraba que un Canadá más resiliente sería un mejor socio para Estados Unidos. No ha surgido ninguna postura institucional estadounidense detallada más allá de estas declaraciones presidenciales, que se enmarcan en una guerra comercial ya declarada.

La propuesta representa, por tanto, menos una fusión institucional que una señal política: dos bloques industrializados, ya vinculados por el comercio y ahora también por la defensa, buscan dotarse de un marco estratégico más sólido para diversificar sus dependencias, asegurar las cadenas de suministro y ganar peso conjunto frente a un orden internacional fragmentado. El contenido concreto, el calendario del proyecto y su aceptación por parte de los Estados miembros de la UE siguen siendo una incógnita. No obstante, es seguro que, en el contexto actual de tensiones, especialmente arancelarias dentro del bloque occidental, y en un momento en que las relaciones internacionales se ven marcadas por la fragmentación, el acercamiento entre Ottawa y Bruselas ha sido percibido por Washington como una forma de «desbordamiento» comercial y económico por parte de Canadá y la Unión Europea. Donald Trump elevó inmediatamente el tono a pocos días de la reunión prevista con Xi Jinping.