A partir de este viernes 18 de septiembre, Estados Unidos comenzará a evaluar el riesgo de que los aspirantes a la residencia permanente o sus familiares se vuelvan «carga pública» en un futuro, informó la cadena hispana Univisión.

La medida permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) analizar un conjunto más amplio de circunstancias personales y económicas para determinar si un solicitante podría convertirse, en cualquier momento, en beneficiario de programas de ayuda.

El cambio se deriva de una regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que rescinde las regulaciones sobre carga pública adoptadas en 2022 y restablece una mayor discreción para que los funcionarios evalúen las circunstancias de cada caso, explicó la fuente.

La nueva revisión no se basará exclusivamente en los ingresos del solicitante, sino que los oficiales considerarán la edad, el estado de salud, la situación familiar, los bienes, recursos y situación financiera, la educación y las habilidades.

Además, USCIS podrá tomar en cuenta otras circunstancias relevantes del caso y, cuando corresponda, la declaración jurada de patrocinio económico.

La agencia ha señalado que las decisiones se tomarán caso por caso, considerando la totalidad de las circunstancias de cada persona.

En lugar de centrarse en un número limitado de factores, los oficiales podrán valorar un conjunto más amplio de circunstancias para determinar, individualmente, si existe riesgo de que el solicitante se convierta en una carga pública.

También entrarán en el análisis algunos beneficios públicos

Uno de los cambios más importantes está relacionado con los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos.

Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, USCIS mantendrá un criterio más limitado. Sin embargo, para los beneficios recibidos a partir de esa fecha, los oficiales podrán considerar una gama más amplia de ayudas sujetas a comprobación de ingresos y recursos.

Entre los beneficios que pueden entrar en el análisis se encuentran determinadas ayudas de vivienda, asistencia alimentaria y asistencia en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos, entre otros programas.

Esto no significa que recibir automáticamente uno de estos beneficios provoque el rechazo de una solicitud de residencia. USCIS señala que la determinación dependerá de la evaluación conjunta de las circunstancias del solicitante.

La regla también contempla la posibilidad de una fianza por carga pública en determinados casos. Si un oficial determina que una persona es inadmisible únicamente por considerar que probablemente se convertirá en una carga pública, USCIS puede darle la oportunidad de presentar una fianza, conforme al procedimiento establecido por la agencia.

No todos los inmigrantes estarán sujetos a la regla

La causal de inadmisibilidad por carga pública no se aplica a todas las personas que solicitan la residencia.

Existen categorías que están exentas por ley, entre ellas refugiados y asilados, determinados jóvenes inmigrantes especiales, algunas víctimas de trata de personas o de ciertos delitos, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) y determinadas personas bajo programas migratorios específicos.

Por ello, el impacto de la nueva regla dependerá de la categoría migratoria mediante la cual cada persona solicite el ajuste de estatus.