Víctimas de COSAVI demandan al Estado salvadoreño ante la CIDH por violación a sus derechos humanos
Afectados de COSAVI denunciaron haber agotado las instancias judiciales nacionales, las cuales rechazaron 104 demandas, lo que dio paso para realizar la demanda
Afectados por el desfalco en el caso Cosavi se han manifestado anteriormente. |Foto EDH / Archivo.
Las víctimas de la defraudación en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.) informaron este jueves en conferencia de prensa la presentación formal de una demanda internacional contra el Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida responde a lo que califican como una violación sistemática al derecho a la tutela legal efectiva, falta de protección judicial y denegación de garantías judiciales en la recuperación de sus fondos patrimoniales.
El escrito ante el organismo internacional fue entregado el pasado 8 de septiembre.
Según expusieron los voceros, la decisión se tomó tras agotar todos los recursos legales internos en El Salvador.
Entre las acciones fallidas a nivel nacional figuran 104 demandas desestimadas por los juzgados de lo Civil y Mercantil, además de recursos de casación rechazados por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual declaró que las causas no eran «justiciables».
«El Estado de El Salvador negó justicia a las víctimas de COSAVI», señalaron en la conferencia, al detallar que durante dos años y medio de gestiones el Estado ha ignorado diversas propuestas técnicas para la restitución del dinero, revictimizando a los asociados.
Fallecimientos y perjuicios a los asociados
Durante el pronunciamiento, los representantes actualizaron la cifra de afectados fallecidos de manera directa o indirecta como consecuencia del secuestro de los ahorros, elevándola a 15 personas.
Entre los testimonios expuestos destacó el de un asociado de 90 años de edad, ex piloto aviador, cuya esposa falleció sin recibir fondos de la cooperativa para cubrir los gastos médicos que requería su enfermedad.
Los afectados sostuvieron que, si bien la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha anunciado la devolución gradual de depósitos, las entregas corresponden únicamente al capital original.
Señalaron que la institución retuvo los intereses contractuales generados durante los últimos 30 meses, así como la totalidad de las inversiones de los socios con certificados de aportación, a quienes no se les ha devuelto dinero.
A su vez, cuestionaron las declaraciones de la SSF sobre la celeridad del proceso y recordaron que la propia institución admitió contar con $230 millones en activos e informar sobre una «muy buena recaudación» de deudas.
Por ello, concluyeron que la falta de pagos totales responde a una decisión arbitraria de las autoridades y no a una carencia de fondos.
Los afectados del caso esperan que la CIDH condene a El Salvador por la violación de los derechos de las víctimas ya que, consideraron, que es una forma de reparación a ellas.
Responsabilidades institucionales señaladas
En la demanda ante la CIDH se señala la responsabilidad del Órgano Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.
Entre los funcionarios y dependencias especificadas como responsables directos se nombra a:
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): Por asumir un rol de intervención para el que carece de competencia legal directiva e intervenir en la retención de los fondos e intereses.
Fiscalía General de la República (FGR): Por negar información a las víctimas y faltar a su deber legal de protegerlas de manera eficiente y eficaz, según declararon en la conferencia de prensa.
Órgano Judicial: Incluyendo a jueces de primera instancia, magistrados de cámaras de segunda instancia y magistrados de la Sala de lo Civil por negar justicia de forma infundada.
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP): Por omitir sus funciones legales de control, regulación y supervisión sobre el sistema cooperativo.
Asamblea Legislativa: Por dar la espalda a los afectados en cuatro ocasiones que buscaron acompañamiento.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, las víctimas indicaron que la crisis institucional en la cooperativa se profundizó por la injerencia política, recordando que las municipalidades mantienen una deuda pendiente de $32 millones con COSAVI y citando estudios de Acción Ciudadana que señalan que la cooperativa figuró como donante de campaña del partido de gobierno.
Peticiones interpuestas ante el organismo interamericano
Las peticiones concretas ingresadas al sistema interamericano por los afectados de COSAVI comprenden:
Declaratoria de responsabilidad: Que se declare al Estado salvadoreño responsable por la vulneración de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reparación integral: Que se recomiende al Estado la reparación de daños materiales, de salud y personales a todas las víctimas afectadas.
Garantía de no repetición: Que se instruya la revisión del marco normativo y regulatorio del sistema cooperativo en El Salvador —reforzando instituciones, herramientas y personal capacitado— a fin de proteger a los afiliados de COSAVI y de otras cooperativas afectadas en el país.
El proceso ante la CIDH se encuentra actualmente en la etapa de examen de la petición. Posterior a este análisis y a las consultas aclaratorias, la Comisión trasladará el caso al Estado de El Salvador, el cual dispondrá de un plazo de hasta 120 días para responder, abriendo paso a la posibilidad de un arreglo amistoso o a la elevación del litigio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
