Diputados aprueban disolución y liquidación de la UTE y de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la disolución de la UTE para eliminar burocracia estatal y duplicidad de funciones en el sector justicia
El decreto disuelve formalmente ambas entidades y establece el procedimiento para la liquidación definitiva de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), la cual deberá finalizar a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
El dictamen favorable (número 33) fue emitido por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia tras estudiar la iniciativa presentada por el presidente de la República a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.
Durante el proceso legislativo, las autoridades fundamentaron la medida en los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad del gasto público, argumentando que las funciones que desempeñaban la UTE y la Comisión Coordinadora actualmente son ejercidas de manera directa por las instituciones del sector justicia, por lo que su continuidad generaba duplicidad de funciones y dispersión de fondos públicos.
Mientras que el diputado Francisco Lira, señaló que su voto fue en contra porque la reforma no se limita a suprimir una oficina para reducir burocracia; implica trasladar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones sensibles dentro del sistema de justicia.
Y agregó que la UTE no era «simplemente un ente administrativo».
Además que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos la estableció como organismo administrador del programa, bajo la rectoría de la Comisión Coordinadora.
Entre sus responsabilidades estaban recibir solicitudes de protección, evaluar y decidir medidas para víctimas y testigos, administrar albergues y coordinar la ejecución de esas medidas con la Policía y otras instituciones.
«El Gobierno argumenta que busca evitar duplicidades y optimizar los recursos públicos. Sin embargo, al disolver entidades que funcionan desde 1996 y trasladar sus competencias al Ministerio de Seguridad, surgen preguntas que deben responderse con claridad: ¿cómo se garantizará la independencia técnica de las decisiones?, ¿qué controles y contrapesos existirán?, ¿cómo se resguardará información altamente sensible?, ¿y qué garantías tendrán las víctimas y testigos de que su protección no se verá debilitada?», dijo el diputado de ARENA.
Traslado del Programa de Protección de Víctimas y Testigos
Como parte de la reestructuración, la administración, dirección y ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos pasará al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
La ley estipula que dicha cartera de Estado determinará cuál personal de la UTE será trasladado para garantizar la continuidad ininterrumpida de las medidas de protección y atención, debiendo incorporar en su presupuesto los recursos para financiar el régimen. Además, la totalidad de los bienes que administraba o poseía la UTE serán transferidos al Ministerio de Seguridad.
Régimen laboral e indemnizaciones
El proyecto de ley detalla un esquema de indemnización para los trabajadores de la UTE que no sean reubicados, calculado sobre la base de un salario mensual por cada año de servicio activo o fracción mayor a seis meses, bajo la siguiente escala:
Salarios de $408.80 a $660: Hasta un máximo de 24 salarios.
Salarios de $600.01 a $900: Hasta un máximo de 24 salarios.
Salarios de $900 en adelante: Hasta un límite de 12 salarios.
Las indemnizaciones correspondientes serán abonadas durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal 2027.
Para cubrir las obligaciones operativas y de liquidación pendientes hasta finales de 2026, la institución utilizará el presupuesto que ya tiene asignado.
La Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva fueron creadas mediante el Decreto Legislativo n.° 639 el 22 de febrero de 1996 (publicado en el Diario Oficial n.° 48, tomo 330, el 8 de marzo de 1996).
Estructura y atribuciones previas: La Comisión Coordinadora estuvo integrada por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Su función era definir las políticas y estrategias del sector justicia y analizar su problemática, mientras que la UTE brindaba asistencia técnica, administrativa y financiera a dicha comisión.
Posición del Ejecutivo: Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó que la UTE nació para viabilizar la implementación de las reformas penales y procesales penales de 1998, señalando que en la actualidad las instituciones del sector justicia cuentan con sus propias unidades de planificación, cooperación y reformas legales. El funcionario argumentó además que la entidad funcionó con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que su disolución busca eliminar burocracia estatal.
Presupuesto y personal: La UTE contaba con un presupuesto asignado para 2026 de $2.4 millones y una plantilla de aproximadamente 43 empleados al momento de la discusión de la norma.
La normativa deroga la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora y de la UTE aprobada en 1996 y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
