La fuerte subida de precios en los combustibles que anunció ayer la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) podría provocar incrementos en los costos de operación de distintos sectores en el país, pero principalmente en el del transporte de mercancías, un rubro clave en la dinámica económica del país.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), Raúl Alfaro, quien compartió con El Diario de Hoy los nuevos fletes que se esperan para el transporte de carga tras los neuvos aumentos anunciados.

Por ejemplo, el presidente de la gremial señala que, con los precios actuales del diésel, insumo principal del transporte de mercancías, el flete por mover productos desde El Salvador a Guatemala, y viceversa, rondaría los $795, un precio más alto que los $635 que costaba en febrero, previo al estallido de la guerra en Irán.

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En este sentido, la ASTIC calcula su precio con base en rangos de precios del diésel, por ejemplo, el costo del flete actual estaría basado en el rango de los $4.80 a $4.90 por galón de ese combustible. La DGEHM señaló ayer que el precio del diésel, desde hoy, sería de $4.86 en todo el país.

«El diésel es nuestra materia prima, por eso si sube el precio tiene que subir también el flete según nuestros costos de operación», señala Alfaro, quien en otras ocasiones ha explicado que en el transporte de mercancías deben tomarse en cuenta otros costos más allá del combustible, por ejemplo, el pago del conductor, gasto en neumáticos, aceites de motor, peajes, etc., por lo que los precios deben nivelarse para que el margen de ganancia se mantenga a pesar de que el diésel suba de precios.

En este punto, cabe la pena cuestionar por qué es importante el transporte de carga para la dinámica económica y qué implicaciones tiene que los costos por trasladar mercancía aumenten.

Básicamente, la mayoría de bienes de consumo, principalmente los alimentos, dependen de este sector para poder ser distribuidos en el país y en la región, por lo que cualquier aumento en los costos de operación deriva en un incremento en los costos de toda la cadena logística, algo que, finalmente, termina trasladándose al consumidor final, que es quien absorbe estos incrementos.

Lo anterior provoca que la capacidad de comprar comida, u otros productos, disminuya para las familias y, con ello, también incrementan los riesgos de inseguridad alimentaria, tal como lo ha señalado anteriormente la Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna (Fews Net, en inglés), la cual sostiene que el incremento en los combustibles y en el sector transporte ha venido afectando a las familias del campo, las cuales han recibido efectos negativos desde distintos flancos: comida más cara, fertilizantes derivados de la industria petroquímica más caros, cosechas insuficientes a causa de El Niño y menos oportunidades de trabajo debido a la sequía.

Esto se conoce como «efecto cascada» y, de hecho, los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) han dado cuenta de cómo los alimentos y los combustibles están relacionados y han impulsado, incluso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la tasa de inflación.

Por ejemplo, desde el inicio de la guerra en Irán, que desembocó en una subida de los precios internacionales del petróleo, los rubros y productos que más han venido empujando los niveles de inflación en el país han sido los almuerzos, la gasolina superior y los fertilizantes, tres bienes relacionados entre sí por el precio de los combustibles.

Asimismo, el impacto de los nuevos precios de referencia no se limita al sector del transporte de carga, sino también al del transporte de pasajeros, un rubro que, de hecho, ha venido haciendo peticiones al gobierno desde hace meses debido a los incrementos de los precios del diésel.

Ayer, la Mesa Nacional de Transporte expresó en un comunicado que se mantienen en una «profunda preocupación ante el progresivo deterioro de las condiciones económicas» del sector, por lo que exigieron «medidas inmediatas, serias y responsables» para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad del transporte público de pasajeros.

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A esto se suma que, según un miembro de la Mesa consultado por EDH, «la deuda de la compensación económica (subsidio) ronda los $6 millones, pero el problema es que ya no se puede seguir operando con este precio de combustible», por lo que en meses anteriores, incluso, la Mesa solicitó la autorización para subir los precios del pasaje que pagan los usuarios en el país, debido a que las tarifas tienen más de veinte años de no ser ajustadas, algo que según la gremial ha ido en detrimento de sus costos de funcionamiento y de sus ganancias.

De hecho, meses atrás cuestionaron que la gran mayoría de sectores han incrementado sus precios a causa de la subida en sus costos de operación, excepto el del transporte de colectivo. Aun así, la gremial señaló que el principal interés radicaba en seguir prestando el servicio a los usuarios del transporte público, quienes equivalen a un 70% de la población salvadoreña.