La reforma amplía los potenciales beneficiarios de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones y establece nuevas reglas para los grupos empresariales; por otra parte, aprobaron nueva ley de reglas y multas para profesionales de la construcción
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una reforma a la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con la que se amplía el universo de empresas que podrán acceder a beneficios tributarios por expandir sus operaciones en El Salvador.
Uno de los principales cambios consiste en reducir de 10 a cinco años la antigüedad mínima que deben tener las inversiones u operaciones en el país para poder optar a los incentivos establecidos en la normativa.
La ley, vigente desde enero de 2026, busca promover que empresas que ya operan en El Salvador amplíen sus actividades productivas, realicen nuevas inversiones y generen empleos.
La expansión deberá estar vinculada con sectores considerados estratégicos para la economía nacional, entre ellos textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, productos plásticos, calzado, productos químico-farmacéuticos, productos para la construcción y fabricación de papel y sus derivados.
Actualmente, la legislación contempla créditos tributarios de acuerdo con el monto de la inversión: 10 % para inversiones de entre $1 millón y $10 millones; 20 % para las que superen los $10 millones y lleguen hasta $20 millones, y 30 % para inversiones de $20 millones en adelante.
Con la reforma aprobada en la Asamblea se incorpora también la figura de los grupos empresariales que operan de manera coordinada y forman parte de una misma cadena productiva.
Para estos grupos, el monto mínimo de inversión conjunta para acceder al crédito tributario del 30 % será de $75 millones, mientras que cada empresa participante deberá aportar al menos $1 millón.
La diputada de Nuevas Ideas Dania González explicó que la modificación permitirá ampliar el número de potenciales beneficiarios y reconocer a empresas que trabajan de manera coordinada dentro del territorio nacional.
Otra de las modificaciones será la forma en que se calcula el crédito tributario.
En lugar de tomar como referencia los resultados de los últimos 10 años, se utilizará el promedio de los últimos cuatro años, ajustado por inflación.
También se flexibilizarán las reglas de exclusión. Las empresas que anteriormente hayan recibido incentivos que ya vencieron o beneficios únicos y no permanentes podrán optar nuevamente a los beneficios contemplados en la ley, siempre que cumplan con los demás requisitos.
La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Además, las empresas que ya hayan obtenido la calificación de su perfil de inversionista y de su proyecto de expansión antes de que entre en vigencia la modificación podrán aplicar la nueva metodología para calcular el crédito tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
Durante la discusión de la reforma, la diputada González señaló que, desde la entrada en vigencia de la ley, se han registrado $502 millones en expansión de inversiones y más de 2,200 nuevos empleos directos y especializados, según datos expuestos por el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).
González afirmó que las modificaciones buscan acompañar las decisiones de las empresas que ya producen en el país y generar condiciones para que amplíen sus operaciones.
“Sabemos que estas iniciativas motivarán a las empresas que producen en El Salvador para crecer, invertir y generar más oportunidades”, afirmó la legisladora.
Una nueva ley fue aprobada por los diputados para establecer requisitos para el registro, incorporar firma electrónica obligatoria y contemplar sanciones de hasta 20 salarios mínimos por infracciones muy graves en el tema de construcción.
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, que establece nuevas reglas para quienes participan en las diferentes etapas de una obra.
La normativa regula las actividades que van desde el planeamiento y diseño hasta la ejecución, supervisión, control y mantenimiento de proyectos de urbanización y construcción.
El Registro de Profesionales funciona desde 2024, cuando fue creado como parte de la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT). Con la nueva legislación se establecen los requisitos que deberán cumplir quienes busquen incorporarse y las responsabilidades que asumirán al ejercer.
El registro estará dividido en distintas categorías, entre ellas las áreas ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores.
Los profesionales deberán acreditar la formación y experiencia correspondiente a la especialidad en la que pretendan ejercer.
En el área ambiental, por ejemplo, quienes elaboren estudios de evaluación de impacto o diagnósticos ambientales deberán demostrar al menos 80 horas de formación en Evaluación de Impacto Ambiental o haber cursado asignaturas relacionadas con esa materia.
También deberán acreditar tres años de experiencia profesional y dos años de experiencia en gestión ambiental.
Para los auditores de evaluación ambiental se exigirá haber participado en al menos tres estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales que hayan sido aprobados.
En el área cultural, los profesionales dedicados a investigaciones arqueológicas o paleontológicas, así como a la evaluación y restauración de patrimonio edificado, deberán contar con estudios de maestría o doctorado relacionados con estas especialidades y acreditar cinco años de experiencia profesional.
La nueva legislación incorpora herramientas digitales para los trámites relacionados con las obras.
Entre las disposiciones destaca el uso obligatorio de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional para validar documentos como planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos.
La DOT también deberá desarrollar programas de formación continua para los profesionales registrados. Estas capacitaciones estarán orientadas a mantenerlos actualizados sobre la normativa y el funcionamiento del Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones. La capacitación será un requisito para renovar el registro profesional.
La ley también contempla a profesionales extranjeros que participen temporalmente o en proyectos específicos en El Salvador. Estos podrán solicitar la homologación de registros profesionales equivalentes obtenidos en otros países.
La normativa establece un régimen de sanciones que clasifica las infracciones como leves, graves y muy graves.
Entre las faltas graves se encuentran ejercer con el registro vencido, realizar actividades fuera de la especialidad registrada, incumplir normas técnicas o de seguridad y utilizar materiales que no cumplan los estándares de calidad.
Las infracciones muy graves incluyen ejercer sin estar inscrito en el registro, presentar documentos falsos o alterados y actuar con negligencia o impericia cuando esto genere consecuencias graves.
Las multas serán de hasta un salario mínimo para las infracciones leves; de dos a tres salarios mínimos para las graves, y de cuatro a 20 salarios mínimos para las muy graves.
Durante el estudio de la normativa se explicó que las infracciones muy graves podrían representar multas de entre $1,635.20 y $8,176, dependiendo de la falta cometida.
Con esta ley, la Asamblea busca establecer un marco específico de responsabilidad para los profesionales que intervienen en proyectos de urbanización y construcción, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y control de estas actividades.
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