En El Salvador seguimos hablando de deportación como si todas las personas retornadas fueran iguales. No lo son. La nueva realidad migratoria obliga a distinguir, caracterizar y comprender a quienes están regresando, porque detrás de cada retorno hay trayectorias, pérdidas y necesidades distintas.
Durante el primer semestre de 2026, El Salvador recibió 10,504 personas deportadas, un incremento de 73.8 % frente al mismo período de 2025. El 93 % llegó desde Estados Unidos, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Gerencia de Atención al Migrante reportó 18,469 salvadoreños retornados, 41 % más que en el período anterior.
Pero la cifra no explica el fenómeno humano. Muchos de quienes están regresando ya no son migrantes recién detenidos en la frontera. Son salvadoreños que vivieron durante años, incluso décadas, en Estados Unidos. Allí trabajaron, formaron familias, construyeron patrimonio, desarrollaron redes sociales y echaron nuevas raíces.
Por eso debemos hablar de un doble desarraigo. El primero ocurrió cuando dejaron El Salvador y se separaron de padres, hijos, hermanos y comunidades. Esa ruptura ya implicó una carga emocional profunda. Ahora enfrentan una segunda separación, esta vez forzada: dejan hijos, cónyuges, empleo, vivienda, amistades y una vida construida en Estados Unidos.
Ese doble desarraigo puede convertirse en duelo migratorio. Y mientras ese duelo no sea comprendido y atendido, puede afectar directamente los procesos de inclusión social y productiva. No basta entregar un documento, un refrigerio o trasladar a la persona a su municipio. La reintegración requiere acompañamiento psicológico, empleo, reconocimiento de competencias, acceso a crédito, vivienda y reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios.
Aquí aparece una señal preocupante. Cancillería reportó que entre junio de 2025 y mayo de 2026 solamente 1,052 personas retornadas fueron vinculadas a programas de reintegración social. Es decir, una proporción muy pequeña frente al volumen total de retornos.
Este escenario también encontrará a los seis diputados que la diáspora elegirá por primera vez en 2027. Su responsabilidad no puede limitarse a representar a quienes permanecen fuera del país. Tendrán que legislar también sobre las consecuencias internas de la migración: retorno, reunificación familiar, salud mental, reinserción laboral, protección patrimonial, portabilidad de derechos y atención a familias transnacionales.
Necesitamos una política pública que deje de tratar al “deportado” como una sola categoría. No es igual quien fue detenido cruzando la frontera que quien regresa después de veinte años y deja hijos ciudadanos estadounidenses, una casa, un negocio o una vida completa.
Los nuevos diputados de la diáspora tendrán frente a ellos una oportunidad histórica: convertir la experiencia migratoria en legislación moderna. Primero hay que saber quiénes están regresando. Después, diseñar respuestas diferenciadas.
Comprender el duelo migratorio no es un asunto secundario. Es el punto de partida para que el retorno no termine convirtiéndose en una segunda expulsión, esta vez dentro de su propio país.
César Ríos Especialista en Migración, Desarrollo Local y Diáspora
