¿Qué pasa si EE. UU. no se pronuncia sobre el TPS finalizado el miércoles?
César Ríos, director de AAMES, sostiene que el vencimiento del TPS no significaría una deportación masiva inmediata y que los beneficiarios tendrían un período para buscar alternativas o preparar un eventual retorno
Un posible fin del TPS dejaría en graves problemas a una buena parte de familias en el país que se sostienen gracias a las remesas. Foto EDH/Archivo AFP
El vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos está previsto para este 9 de septiembre, pero la incertidumbre no terminaría necesariamente con la llegada de esa fecha.
Ante la imposibilidad de saber si será o no renovado, surge la duda: ¿qué pasa inmediatamente después de si simplemente no hay ningún aviso de parte del gobierno de Estados Unidos?
Para César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), lo que ocurriría «es lo que han estado diciendo los expertos. Según la ley dan 6 meses. No es la prórroga completa, sino que otros 6 meses. Ahí se van a decidir, en esos 6 meses, qué es lo que pasa», dijo.
Ríos fue más allá al ser consultado de nuevo si automáticamente se tienen esos seis meses si no se pronuncia el gobierno.
«Que no se pronuncie o si se pronuncia en la cancelación, los 6 meses existen ahí como los está usando Honduras, Venezuela, Haití. Siempre. Si dice, ‘esto se cancela hasta aquí’, hay 6 meses de preparación», opinó.
El director de AAMES aclaró que esos seis meses no deben entenderse necesariamente como una nueva extensión del TPS en las mismas condiciones, sino como un período para que los beneficiarios puedan prepararse ante el nuevo escenario.
Tiempo para buscar alternativas
Según Ríos, durante esos seis meses cada familia tendría que analizar su situación particular y tomar decisiones sobre su futuro migratorio.
“Para que cada familia se acomode, a buscar alternativas”, explicó, según aplique en cada caso.
Entre esas posibilidades mencionó la búsqueda de opciones migratorias para quienes puedan acceder a ellas y, en otros casos, la preparación de un eventual retorno a El Salvador.
El especialista también reconoció que algunas personas podrían optar por permanecer en Estados Unidos sin una situación migratoria regular, una alternativa que implicaría nuevos riesgos y consecuencias legales.
Por ello, insistió en que el escenario posterior al TPS no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de las deportaciones, sino también desde las decisiones que deberán tomar miles de familias que llevan años establecidas en Estados Unidos.
No sería una deportación masiva inmediata
Uno de los temores entre los beneficiarios es que el vencimiento del TPS se traduzca inmediatamente en una operación de deportaciones masivas.
Ríos considera que ese escenario no ocurriría de manera inmediata y cuestiona incluso la capacidad logística de Estados Unidos para deportar simultáneamente a todos los salvadoreños que podrían quedar sin protección.
“No va a haber”, respondió al ser consultado sobre una eventual deportación masiva inmediata.
El director de AAMES explicó que, además de los procedimientos que deben seguirse en cada caso, existe una limitación logística para ejecutar deportaciones a una escala tan grande.
Su planteamiento es que el vencimiento del TPS abriría más bien un período de incertidumbre en el que cada beneficiario deberá determinar qué alternativa tiene disponible.
El 9 de septiembre no necesariamente marca el final de todas las opciones
Mientras se acerca la fecha de vencimiento, organizaciones de migrantes y abogados continúan explorando alternativas políticas y legales para evitar que miles de salvadoreños pierdan la protección.
En paralelo, también existe una propuesta presentada en el Congreso estadounidense para extender durante 18 meses el TPS para los salvadoreños.
Sin embargo, mientras no exista una decisión oficial que modifique el calendario vigente, el 9 de septiembre continúa siendo la fecha establecida para el vencimiento del TPS.
Ríos considera que, independientemente de lo que ocurra en las próximas horas, el país debe prepararse para las consecuencias de cualquiera de los escenarios: una nueva extensión, una batalla legal que modifique el proceso o el inicio de un período en el que los beneficiarios deban buscar alternativas migratorias o prepararse para regresar.
La discusión, sostiene, ya no debería centrarse solamente en si el TPS se extiende o termina.
También debe comenzar a hablarse de qué ocurrirá con las personas y las familias que durante más de dos décadas hicieron su vida en Estados Unidos y que ahora enfrentan la posibilidad de tener que reconstruirla en El Salvador.
