Light
Dark

EE.UU. insta a sus socios a no comerciar con el régimen de Ortega en Nicaragua

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la Asamblea Nacional controlada por la dupla Ortega-Murillo «socavó la ficción democrática de Nicaragua» para «consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas».

El Gobierno de Estados Unidos instó este miércoles al resto de los países a no comerciar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder y «privar definitivamente» al país de elecciones libres.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que con el avance de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional controlada por la dupla Ortega-Murillo «socavó la ficción democrática de Nicaragua» para «consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas».

«Estados Unidos insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura», escribió Rubio.

EE.UU. rechaza la reforma constitucional en Nicaragua

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que «las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los Gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio».

Rubio, el primer latino en asumir el cargo, insistió en que «la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad» regionales.

«La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Respaldamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país», concluyó.

Nicaragua EE.UU.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega (c), junto a la vicepresidenta Rosario Murillo (i), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Hace dos semanas el Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión de cancilleres para abordar la situación en Nicaragua.

La declaración de Rubio llega a su vez un día después de que el Parlamento de Nicaragua aprobara en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial en el país.

Represión

La enmienda está impulsada por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007. En 2017 dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

Después de avanzar, las nuevas medidas deberá ser además aprobada por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

EE.UU. acusa al Gobierno de Managua de reprimir y perseguir a los opositores y de debilitar las estructuras democráticas, por lo que ha impuesto sanciones a funcionarios e instituciones oficiales.

Líder opositor alerta que miles de empleos peligran por cambio constitucional

El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro alertó este miércoles que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua después de que Estados Unidos pidiera a sus socios internacionales no comerciar con el país.

El pedido de Washington tiene lugar luego de que el martes fuera aprobada en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.

«El tratamiento comercial privilegiado que ocupa Nicaragua (con EE.UU.) ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones», señaló el líder opositor en un audio enviado a los medios desde el exilio.

Chamorro recordó que casi el 50 % de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos, por lo que «miles de empleos podrían estar en peligro».

El líder opositor anotó que Nicaragua es parte investigada, según la Ley de Comercio, y que EE.UU. «podría imponer aranceles especiales sin la necesidad de suspender a Nicaragua» del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).

«Hemos reiterado que las afectaciones a las relaciones comerciales y económicas de Nicaragua con otros países es responsabilidad exclusivamente de Ortega, quién ha llevado a Nicaragua a este nivel de riesgo», destacó Chamorro, dirigente opositor que hace tres años y medio fue uno de los 222 exreos políticos desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad y sus bienes.

«La guerra a la democracia que ha emprendido Ortega, y (que) así lo dice el Departamento de Estado, amenaza nuestra estabilidad y prosperidad», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que «Ortega pasó una línea roja el 19 de julio» al anunciar el fin de las elecciones en Nicaragua (…) «y en vez de recular, siguieron de frente en su farsa de reforma constitucional, apostando quizá a que la administración (de Donald) Trump no lo iba a tomar en serio».

«La respuesta inmediata del Departamento de Estado muestra clarísimamente que estaban equivocados los Ortega Murillo y que la eliminación de elecciones va a tener consecuencias graves para el país», insistió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que con el avance de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional (Parlamento) controlada por la dupla Ortega-Murillo «socavó la ficción democrática de Nicaragua» para «consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas».

Después de avanzar, las nuevas medidas deberá ser además aprobada por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

Epaper
Epaper
Epaper